El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dado instrucciones a los fiscales del Supremo y del TSJ de Cataluña para que procedan a la citación en calidad de investigados de los alcaldes que apoyan el referéndum soberanista catalán y tienen la condición de aforados por ser parlamentarios (4 de ellos diputados autonómicos y otro diputado en el Congreso).
En concreto los escritos de la Fiscalía piden que se cite a declarar ante la Fiscalía del Supremo al alcalde de Tortosa y diputado en el Congreso por PDeCat, Ferrán Bel, y ante la del TSJC a los diputados autonómicos y alcaldes de Mollerusa, Seu d’Urgell, Valls y Vilanova i la Geltrú, Marc Solsona, Albert Batalla, Albert Batet y Neus Lloveras, respectivamente.
Ellos forman parte de la lista de 712 alcaldes a los que Maza pidió citar como imputados por firmar decretos para ceder locales al Govern de la Generalitat para organizar el referéndum soberanista del 1 de octubre.
Pero, debido a su aforamiento, los diputados autonómicos solo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de Justicia catalán y el diputado nacional por el Tribunal Supremo.
Diligencias de investigación
En relación con todos ellos, el oficio señala que debn incoarse diligencias de investigación para esclarecer, en relación con todos los ayuntamientos citados, si están «cooperando en la organización del referéndum ilegal». Ordena en este sentido que los aforados sean citados ante la Fiscalía que corresponda.
El resto de los oficios reproducen lo señalado el pasado miércoles en relación con otros alcaldes no aforados, aunque en el caso de estos últimos advertía expresamente de que en el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales territoriales se ordenaría a los Mossos que lleven a cabo su detención. Los oficios relativos a aforados no advierten de detenciones.
Los escritos del fiscal general se refieren a la web de la Asociación de Municipios por la Independencia y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del «referéndum ilegal».
En este punto cita la carta firmada por el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, «querellados por estos hechos en otro procedimiento ante el Tribunal de Justicia de Cataluña.
Para Maza, la notoriedad de la prohibición de «los actos de organización del ilegal referéndum de autodeterminación» hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de «al menos» los delitos de desobediencia y prevaricación «en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico», ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también del de malversación de fondos públicos. (CONFILEGAL/EP)
