La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el vicepresidente del Gobierno Autonómico de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, en una foto de 2016, cuando el conflicto separatista todavía no se había agudizado. EP.
Sáenz de Santamaría subraya que Junqueras «volvió a la legalidad española» para recurrir ante el Supremo
|
20/9/2017 06:00
|
Actualizado: 02/8/2018 13:50
|
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, recordó ayer que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, volvió a la legalidad española -después de haberse marchado de ella- para recurrir ante el Tribunal Supremo la decisión del Consejo de Ministros de intervenir las cuentas del Gobierno autonómico.
De acuerdo con la número 2 del Gobierno del PP, las declaraciones de Junqueras sólo buscan «confundir» y suponen una «manipulación absoluta», algo a lo que, a su juicio, se dedican «últimamente mucho» en el Gobierno de Carles Puigdemont.
Junqueras afirmó públicamente que el Estado no puede intervenir las cuentas catalanas porque la admisión a trámite del recurso de la Generalitat «tiene efectos suspensivos».
Lo que ha hecho el Tribunal Supremo, explicó la vicepresidenta, es «ponerle un sello» al recurso de la Generalitat y darle «admisión de entrada», lo que significa que el tribunal a partir de ahí «lo analizará» y más adelante se resolverá.
A su entender, esas palabras no se entienden salvo que el Gobierno catalán quiera «confundir».
«Lo que ha dicho sinceramente el señor Junqueras es sinceramente una manipulación absoluta, la posverdad judicial no existe. Y tampoco comprendo por qué hace estas cosas, si son para media hora porque cualquiera que esté en el mundo judicial sabe de qué estamos hablando», explicó Sáenz de Santamaría.
La Generalitat de Cataluña presentó, el lunes pasado, un recurso contencioso-administrativo para impedir la intervención de sus cuentas, pero, al no haber solicitado medidas cautelarísimas, el Tribunal Supremo no tendrá que pronunciarse en los próximos días, dispondrá de unas dos semanas. Un fallo achacable a los servicios jurídicos del Govern. EP.
Noticias Relacionadas:
