La Comisión Permanente de los presidentes de Audiencias Provinciales de España advierten, en un comunicado, de que no existe «ningún atajo para conseguir objetivos políticos, que deben plantearse siempre con total respeto al Estado de Derecho».
De la misma forma, proclaman publicamente su «total apoyo a los compañeros» destinados en Cataluña, «que están cumpliendo con su obligación, así como al resto de miembros de la Administración de Justicia», retirando de forma expresa su «respeto a la Constitución Española, así como al cumplimiento de la Ley».
«Expresamos, por último, nuestra repulsa a cualquier intento de coacción a los poderes del Estado y a la independencia de jueces y tribunales», concluyen.
Los 8 miembros que componen dicho órgano –Eduardo de Porres Ortíz de Urbina, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid; Antonio Recio Córdova, de Barcelona; Francisco Sánchez Zamorano, de Córdoba; Joaquín Luis Astar Landete, de Tenerife; María Félix Tena Aragón, de Cáceres; María Mercedes Guerrero Romeo, de Álava, Fernando de Rosa, de Valencia; e Isabel Serrano Frías, de Guadalajara-, el cual representa a los 52 presidentes de todas las Audiencias Provinciales de España, sale así al paso del acoso que han sufrido los magistrados destinados en el Palacio de Justicia de Barcelona, sede de la Audiencia Provincial de esa provincia y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat), y ante los Juzgados de la capital condal, en Hospitalet de Llobregat, donde se han venido concentrando grupos de independentistas que, a gritos, exigían la puesta en libertad de los 14 altos cargos y funcionarios detenidos por orden judicial el pasado miércoles.
Actualmente, la justicia está instruyendo dos querellas en el TSJCat, presentadas por la Fiscalía. Una, contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el Govern, por tres delitos: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, cuya responsable es la magistrada Mercedes Armas y otra contra la presidenta del Parlamento autonómico, Carme Forcadell, y cuatro miembros de la Mesa, por dos delitos: desobediencia y prevaricación. La instructora de este asunto es la magistrada María Eugenia Alegret, expresidenta del TSJCat.
De forma paralela, el magistrado del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, dirige la investigación, por los mismos cargos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, al que añadió sedición. Fue el que ordenó las 14 detenciones y los 40 registros en Barcelona.
Es el instructor de la causa contra el exmagistrado y exsenador de Esquerra Republicana de Catalunya, Santiago Vidal, por las declaraciones que realizó en su momento sobre la posesión ilegal del censo electoral.
COMUNICADO DE LOS PRESIDENTES DE AP: COMUNICADO DE LOS PRESIDENTES DE AUDIENCIAS PROVINCIALES
