La Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (ADICAE) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración, por estafa a los inversores, falsedad de cuentas y administración desleal que llevó a la quiebra de la entidad.
Según ha explicado a los medios de comunicación el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, la querella «abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra el Popular». «Adicae quiere defender a los pequeños accionistas ahorradores; no defiende a los grandes magnates inversores», ha explicado.
La querella de esta asociación de consumidores pide imputar al Banco Popular como persona jurídica así como a 17 personas físicas –entre ellas Ron y Saracho–, «todos los que han tenido una responsabilidad relevante en las decisiones que se han ido tomando» y que llevaron a la quiebra de la entidad.
SEIS DELITOS
Adicae pide al juez encargado del caso, Fernando Andreu, que impute a todos ellos los delitos de estafa a los inversores, falsedad de cuentas, administración desleal, delito contra el mercado de valores, delito de información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.
Esta querella se une así al escrito de la Fiscalía Anticorrupción que pide al magistrado la admisión a trámite de una treintena de querellas que se interpusieron contra los expresidentes del Popular y contra sus respectivos consejos de administración por llevar a la quiebra a la entidad.
Como testigos, Adicae pide al juez que llame a declarar a, entre otros, el ministro de Economía, Luis de Guindos; la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín; además de representantes de organismos reguladores como el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y de reguladores como PricewaterhouseCoopers (PwC) y JP Morgan.
NO IMPUTAR A LOS ORGANISMOS REGULADORES
En lo que respecta a la parte testifical, el abogado de Adicae, Víctor Cremades, ha indicado que desde la asociación quieren ser «prudentes» y no dirigir su acusación de momento contra miembros del Gobierno o de los organismos reguladores, al igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción.
«Hay personas concretas que consideramos que sí tienen una responsabilidad concreta ya, independientemente de que se pudiesen ampliar las diligencias. Si hay algún responsable más, las propias diligencias lo irán diciendo», ha apuntado. EP.
