Imagen de uno de los Juzgados en los que prestan servicios estos funcionarios.
Andalucía impondrá más sanciones para frenar los abusos de las entidades bancarias
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04/10/2017 05:58
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Actualizado: 24/6/2020 17:00
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Frenar la sangría de procedimientos hipotecarios y proteger a los consumidores son dos de los objetivos que se ha propuesto implementar en los próximos meses la Junta de Andalucía que preside Susana Díaz. Así se recoge en sendos informes presentados al Consejo de Gobierno por las titulares de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y Salud, Marina Álvarez, sobre las iniciativas llevadas a cabo por sus departamentos en este ámbito.
De un lado, la Consejería de Justicia e Interior ha incorporado a 44 funcionarios nuevos y ha adaptado los espacios y los medios informáticos de los ocho juzgados andaluces encargados de las demandas contra esta práctica abusiva, con una inversión de 750.000 euros en 2017 y una previsión de 2,8 millones para su mantenimiento el próximo ejercicio.
Además, en lo que va de año, el Gobierno andaluz ha impuesto sanciones por un importe total de 9,1 millones de euros a siete entidades bancarias, a partir de denuncias de particulares tramitadas en el marco de la campaña de que la Inspección de Consumo lleva a cabo contra este tipo de abusos.
Junta quiere que se paralice plan juzgados cláusulas suelo
En relación con el refuerzo de juzgados, Rosa Aguilar señalaba que se realizan en cumplimiento del plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que entró en vigor en junio de 2017, después del fracaso del mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno de España.
No obstante, la consejera ha subrayado que este instrumento está resultando también insuficiente y ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que lo rectifique. Desde su puesta en marcha, la carga de trabajo de los ocho juzgados andaluces especializados en cláusulas suelo –uno por provincia– han alcanzado ya las 15.986 demandas, superando así todas las previsiones del CGPJ.
La consejera de Justicia e Interior ha denunciado que el plan afecta negativamente a la ciudadanía por el incremento del tiempo de espera en la resolución de sus procedimientos judiciales, una situación que únicamente beneficia a las entidades financieras demandadas.
En diferentes declaraciones a los medios informativos recordaba que el CGPJ no ha tenido en cuenta ni a las comunidades autónomas ni a los diferentes sectores judiciales ni a las propias organizaciones de consumidores a la hora de elaborar este plan de urgencia.
En aplicación de dicho plan, los juzgados andaluces se reforzaron en junio con 23 funcionarios y en septiembre con ocho más. A partir de este mes se suman otros 13. De esta forma, y tal como fue acordado con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Junta incorpora a un total de nuevos 44 funcionarios en los ocho juzgados de Primera Instancia a los que el CGPJ encargó el pasado mes de junio la gestión exclusiva de las demandas por cláusulas suelo en hipotecas.
La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, Lorenzo Del Río.
Además de los refuerzos de personal, la Consejería de Justicia e Interior también lleva a cabo desde julio de 2017 un programa de formación específico para los funcionarios que se incorporan, así como una serie de adaptaciones del sistema informático para que los órganos judiciales puedan trabajar conforme al nuevo modelo.
Sanciones a entidades bancarias
Por su parte, la consejera de Salud, Marina Álvarez, presentaba este martes al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el balance de las iniciativas desarrolladas por su departamento en la defensa de los consumidores frente a los abusos de las entidades bancarias.
Con el expediente sancionador al BBVA aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, son ya siete los resueltos en relación con la introducción de cláusulas suelo, por un importe total de 9,1 millones de euros.
Esta cantidad incluye el comiso de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de una disposición de la legislación andaluza de defensa de los consumidores, que la estatal no recoge. Andalucía es una de las comunidades pioneras en aplicar esta medida.
Desde que en el año 2013 una sentencia del Tribunal Supremo declarara nulas las cláusulas suelo si se había producido una falta de transparencia (cuya retroactividad reconoció posteriormente, en 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), las entidades financieras han sido objeto de 462 procedimientos sancionadores en Andalucía (un 3,17% del total de 14.470 resueltos por la Junta), con unas multas por importe superior a los 13,4 millones de euros (32% del total).
El asesoramiento de la Administración autonómica a la ciudadanía se ha llevado a cabo a través del servicio ‘Consumo Responde‘ (www.consumoresponde.es), que en lo que va de año se han atendido 2.273 consultas relacionadas con el ámbito financiero, frente a las 661 que se registraron en todo el año 2016 (un 6,26% del total).
Las reclamaciones recibidas sobre entidades bancarias en el mismo periodo han alcanzado la cifra de 1.386 reclamaciones sobre entidades financieras (10,1%). De ellas, 112 han estado vinculadas a la introducción de cláusulas suelo en hipotecas (2.899 desde 2013).
Si se toma como referencia la fecha de puesta en marcha del Registro Autonómico de Consumo, desde 2013 se han contabilizado 10.574 reclamaciones relacionadas con el sector financiero (9,6% del total), a lo que se suman las 1.434 inspecciones realizadas en este sector.
Las denuncias presentadas por la ciudadanía ante la Consejería de Salud, competente en materia de consumo, son mayoritariamente a título particular, aunque también se canalizan a través de asociaciones de personas consumidoras y usuarias.
Las cuantías de las sanciones impuestas a cada entidad se calculan en base a las denuncias que han dado origen a cada uno de los expedientes. A la hora de abrir los procedimientos, se priorizan los casos de mayor alcance para dar la respuesta más amplia posible, teniendo en cuenta los plazos normativos, los recursos existentes y el número de personas afectadas.
Simulador sobre cláusulas suelo
Por otra parte, la Junta de Andalucía ha sido la primera administración en habilitar un simulador de cláusulas suelo, que puede consultarse en www.easp.es/clausulasuelo. Desde su puesta en marcha en diciembre de 2016, ha recibido 136.016 visitas de personas y ha realizado un total de 143.805 simulaciones.
Esta herramienta ofrece cálculos que intentan aproximarse lo máximo posible a la cantidad que deben abonar los bancos, pero siempre se advierte de que las cuantías finales las debe calcular la entidad bancaria.
En el informe presentado al Consejo de Gobierno, la consejera de Salud ha subrayado la creciente tendencia de la ciudadanía a la movilización para reclamar a sus bancos. «La Junta de Andalucía ha sido sensible a esta tendencia, tomando un papel activo respecto a la protección de las personas consumidoras y usuarias ante las entidades financieras, y poniendo en marcha diferentes medidas legislativas, de información y asesoramiento», ha señalado Marina Álvarez.
Además de la legislación que se aplica en las sanciones por cláusulas suelo, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación hipotecaria de vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materias.
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