La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha salido en defensa de la magistrada del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, quien, el pasado lunes, decretó libertad condicional para el mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero y prisión preventiva contra los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por la comisión de un supuesto delito de sedición, creando con ello una gran controversia pública.
Por ello, respetando el derecho a la crítica a la que toda resolución judicial está sometida, la PCIJ hace un llamamiento para que, desde la opinión pública, «se respeten las decisiones adoptadas, al constituir éstas una muestra del normal desarrollo de un Estado de Derecho en el que corresponde a los jueces aplicar la ley con total independencia de las conveniencias y tiempos del poder ejecutivo, y aplicarla a todos por igual».
Sin citar expresamente a la magistrada Lamela, la PCIJ muestra su «máximo respeto y total confianza en los jueces y magistrados de instrucción que ejercen su función en los distintos Juzgados repartidos por la geografía española, y muy especialmente en todos aquellos encargados de velar por el cumplimiento de la Ley y del orden constitucional en los asuntos relativos a Cataluña que en las últimas fechas vienen conmocionando a la sociedad española».
La Plataforma alude, en su comunicado a los dos autos, el relativo a los líderes independentistas, y al de la puesta en libertad, con medidas cautelares de Josep Lluis Trapero, mayor de los mosos d’Esquadra, por los incidentes de los pasados 20 y 21 de septiembre a raíz de las detenciones y registros ordenados para evitar la celebración del referéndum del 1-0.
«Basta una lectura sosegada y analítica de ambas resoluciones para comprobar que la magistrada ha resuelto de manera plenamente motivada, aplicando la ley penal y procesal, sin entrar en consideraciones políticas que no le incumben», señalan los juristas.
La PCIJ, una organización transversal de la que forman parte magistrados, fiscales, abogados, profesores de universidad y ciudadanos sensibilizados con la defensa de la independencia judicial, añade que el auto de prisión de Sánchez y Cuixart,» tras exponer los hechos indiciariamente imputables, aprecia riesgo de fuga por la elevada penalidad (hasta diez años de prisión) y reiteración delictiva en la resistencia a las órdenes de la autoridad judicial con la finalidad de subvertir el orden constitucional».
