La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha desautorizado públicamente a su Comisión de Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía, que el pasado 17 de octubre emitió un comunicado afirmando que el auto de la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por el que envió a prisión a los líderes de las dos asociaciones separatistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por un delito de sedición, no se ajustaba a derecho y vulneraba derechos fundamentales.
Ellos son el único órgano que puede expresar la opinión institucional del Colegio, afirman.
«A resultas de algún comunicado divulgado por alguna Comisión del Colegio -que no identifica de forma específica- la Junta de Gobierno recuerda que es la única que legítimamente puede manifestar la opinión institucional del ICAB«, dice una nota de prensa que colgó ayer en su página web.
Y añadía: «La Junta del Colegio de la Abogacía de Barcelona ha manifestado reiteradamente que no mantiene ni ha mantenido un posicionamiento político en el conflicto político-institucional existente entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat que no sea el respeto al Estado de Derecho y su voluntad de que se pueda encontrar una solución a ese conflicto desde el diálogo».
DURAS DECLARACIONES
De esa forma, el ICAB, como corporación, se ha desmarcado de las duras declaraciones expresadas por los componentes de su Comisión de Derechos de la Persona que preside el abogado Robert Sabata i Gripekoven y que conforman 12 letrados más.
En su comunicado del 17 de octubre, la citada Comisión de Derechos de la Persona decía que la magistrada había construido “un nuevo tipo diferente de los legales” en la instrucción de la querella presentada por la Fiscalía porque en los hechos que se investigan no hubo violencia.
Y añadían que la interpretación del delito de sedición que hace Lamela suponía “una distorsión del derecho vigente” que bebía “del derecho penal del enemigo”, esto es, castigar al autor no por el hecho delictivo cometido sino por el hecho de considerarlo peligroso.
De la misma manera, los letrados que componen dicha comisión, ponían en tela de juicio que la Audiencia Nacional sea competente para investigar el delito de sedición; esto entraba, según ellos, en “contradicción abierta” con la doctrina del Tribunal Supremo.
LA OPINIÓN DE LA COMISIÓN ERA SÓLO SUYA, NO DEL COLEGIO
De acuerdo con la Junta de Gobierno del ICAB, que preside María Eugenia Gay, «cualquier comunicado de las diversas Secciones o Comisiones que hay en el ICAB refleja únicamente y de forma exclusiva la opinión de sus componentes. El artículo 87.7 de los Estatutos colegiales establece que ‘las propuestas, las actuaciones y las comunicaciones de las comisiones de personas colegiadas deben ser identificadas como de esta procedencia, sin atribuirse a la corporación'».
La Comisión de Derechos de la Persona y del Libre Ejercicio de la Abogacía del ICAB terminó su comunicado del pasado 17 de octubre condenando la «instrumentalización del sistema judicial” para resolver los conflictos políticos, porque a su parecer supone una “clara erosión de la legitimidad de las instituciones y de la calidad democrática en general”.
