Los juzgados de cláusulas suelo son un «absoluto desastre», según la UPSJ
Imagen de uno de los Juzgados en los que prestan servicios estos funcionarios.

Los juzgados de cláusulas suelo son un «absoluto desastre», según la UPSJ

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19/10/2017 06:09
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Actualizado: 03/2/2021 12:59
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La Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia (UPSJ) ha lamentado que desde que se pusieron en marcha el pasado mes de junio los juzgados especializados en cláusulas suelo el tiempo de respuesta a los demandantes no ha mejorado, sino que ha llegado a producir un «absoluto desastre».

El pasado mes de febrero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia idearon el plan de especializar juzgados de forma provincial para atender todas el previsible aumento de litigios sobre cláusulas suelo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

La UPSJ recuerda en un comunicado que desde que se tuvo conocimiento de los planes sobre la especialización y concentración en determinados juzgados estos asuntos ya plantearon «públicamente» sus dudas al respecto.

Por ello, y ante la avalancha de demandas recibidas por estos juzgados  reclaman que  «de forma inmediata de que se proceda a la paralización y terminación del fallido plan, devolviendo a los juzgados de primera instancia y juzgados mixtos la competencia para conocer de dichos pleitos, con los refuerzos que sean necesarios».

Más de 57.000 demandas presentadas

Desde la Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia (UPSJ)  recuerdan que en un comunicado del CGPJ se pone de manifiesto que entre el 1 de junio al 8 de septiembre entraron 57.000 demandas, y sigue in crescendo. Y advierten de que esto «todavía irá a peor, mucho peor, ya que hay muchos ciudadanos pendientes de que se consolide la jurisprudencia al objeto de reclamar a los bancos los gastos notariales, registrales y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados efectuados en las compraventas de sus pisos».

En este sentido subrayan que, hay miles de demandas por incoar, «pese al trabajo ímprobo de nuestros compañeros Letrados, de Jueces y funcionarios».

Es más, indican que desde el Ministerio se les niega que el plan no funciona, «pero es fácil de demostrar que se esconde la verdad. Basta con pasarse por los juzgados creados y ver los despachos los juzgados con montones de demandas sin incoar». Y recuerdan que  «las sentencias obtenidas desde la entrada en funcionamiento del plan, que no llegaran a pocos cientos, frente a las 57.000 entradas«.

A todo ello, habrá que añadir el desastre añadido que supone otorgar competencia provincial a los juzgados en cuestión, lo que agrava la situación de los particulares que deben desplazarse a la capital de provincia y encima a juzgados absolutamente inoperativos.

«Torretas y torretas» de demandas por incoar

En este sentido, afirman que tras un «arduo trabajo» y el «oscurantismo» del Ministerio de Justicia, han comprobado que en las principales ciudades con mayor población de España, como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Sevilla, hay «torretas y torretas» de demandas, como mínimo unas 20.000, sin incoar. En el trámite ordinario, «si no se hubieran creados los juzgados bis, dichas demandas estarían mayoritariamente incoadas», aseguran.

«Más que encontrar una solución al problema de las cláusulas suelo se ha creado un problema mayor y ahora tenemos la absoluta certeza, que se está produciendo un absoluto desastre», recalca el comunicado. «Era evidente que había que hacer frente a la avalancha de demandas por venir, pero no era necesario crear el caos actual«, subraya la asociación de los anteriormente denominados secretarios judiciales.

Denuncias ante el Ministerio y el Congreso

Además, destaca que esta situación ha sido denunciada tanto al Ministerio que dirige Rafael Catalá, como al Congreso de los Diputados en la Comisión de Justicia.

La asociación indica que no hay suficientes medios materiales y personales en los juzgados, que existe una discriminación salarial en comparación a los jueces y funcionarios; a lo que hay que sumar que los particulares tengan que «desplazare a la capital de provincia».

 

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