Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Foto: EP
Anticorrupción pide la libertad de Ignacio González bajo fianza de 400.000 euros
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07/11/2017 16:22
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Actualizado: 07/11/2017 16:22
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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional instructor del caso Lezo, Manuel García Castellón, la libertad bajo fianza de 400.00 euros del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, al entender que disminuye el riesgo de reiteración delictiva y el de fuga.
Los fiscales del caso Lezo exponen no obstante que la instrucción de la causa sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II ha puesto de relieve que Ignacio González, en prisión incondicional desde el pasado 21 de abril, podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales.
La Fiscalía responde así a la última petición de libertad requerida por la defensa de González que expuso que, tras medio año en prisión, había desaparecido el riesgo de fuga del acusado.
Indica que, una vez analizados los hechos presuntamente delictivos y los indicios objetivos de criminalidad, concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González, a los efectos necesariamente provisionales que marcan esta fase procesal.
En este sentido, subrayan que pese a que la amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es, a priori, superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer.
Del mismo modo, indican que la instrucción ha puesto de relieve que el investigado podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales.
No obstante, la Fiscalía considera que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá.
Así señalan que el riesgo de fuga, el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo.
Por ello, aseguran que se impone la necesidad de acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso.
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