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Transparencia Internacional propone que la Fiscalía no dependa del Gobierno

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, en la Comisión Constitucional del Congreso.
| | Actualizado: 08/11/2017 23:16

El presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, ha reclamado este miércoles que la Fiscalía no dependa del Ministerio de Justicia, del Gobierno, porque con ello dificulta «la independencia y la transparencia» del organismo, y para ello la Fiscalía tiene que contar con un presupuesto propio.

Durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso que estudia la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes, Lizcano ha planteado una batería de propuestas para mejorar los índices nacionales de transparencia.

Lizcano ha hecho hincapié en la necesidad de que «se rompan» las «sospechas» de «vínculos» entre la Fiscalía y el Gobierno. «Que se acabe con la dependencia económica de la Fiscalía respecto al Gobierno».

Lejos de creer que esas conexiones realmente existan, Lizcano ha subrayado que su organización simplemente ha instado a la Fiscalía a que «ratifique, demuestre y muestre» su independencia a través de, por ejemplo, una mayor transparencia en los planes de actuación de los fiscales o más autonomía en la dotación de nuevas plazas.

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También ha recalcado la importancia de que el Ministerio Público elabore cuanto antes un código ético, una herramienta «muy importante».

Además, entre sus propuestas, el presidente de Transparencia Internacional ha instado, por otro lado, a promover la «despolitización» de los órganos constitucionales, a su juicio «bastante politizados» en España comparados con otros países.

También ha propuesto una reducción del número de aforados, «ningún país de Europa tiene tantos aforados como aquí», ha indicado.

Limitación de los indultos: «es importante que los potenciales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonación legal de sus delitos».

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Ha criticado también la «preocupante» cantidad de instituciones públicas que no cumplen la obligación legal de publicar todos sus contratos y licitaciones.

Y a medio y a largo plazo, Lizcano ha planteado que la medida más relevante recaería en una buena educación a todos los niveles formativos, que fomente en los alumnos unos valores alejados de prácticas corruptas.

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