El ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto a los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas con competencias en la materia durante una reunión de la Conferencia Sectorial. MJ.
57 jueces más a tiempo completo y 52 a tiempo parcial, propuesta del CGPJ para continuar en 2018 con el plan de urgencia
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14/11/2017 06:15
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Actualizado: 13/11/2017 22:52
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Para prolongar el plan de urgencia de los Juzgados de cláusulas suelo en 2018, se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo, 52 a tiempo parcial, 23 letrados de la Administración de Justicia a tiempo completo y otros 29 a tiempo parcial, además de los refuerzos correspondientes en número de funcionarios.
Así se lo hizo saber el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien, junto con los vocales de su Comisión Permanente, se reunió con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y con los consejeros de Justicia de las 12 Comunidades Autónomas en las que se ha transferido las competencias en materia de Justicia.
La estimación ha sido calculada a partir de las necesidades comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los informes del Servicio de Inspección sobre la evolución estadística del número de demandas ingresadas y la comparación con los asuntos de carácter ordinario en la jurisdicción civil, según un comunicado del CGPJ.
El plan de urgencia fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses, hasta el próximo 31 de diciembre, y su continuidad más allá de esa fecha precisa del informe favorable del Ministerio de Justicia, según lo establecido en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A pesar de que fue el CGPJ el que puso en marcha el mencionado plan de urgencia, la realidad es que, en última instancia, depende de la voluntad política del Ministerio de Justicia, del que dependen las plantillas de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia destinados en toda España -reciben sus salarios del Ministerio- y de los funcionarios de las Comunidades Autónomas cuyas competencias no han sido transferidas -Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia y Baleares-; y los medios materiales también.
Las Comunidades Autónomas con competencias transferidas -Madrid, Andalucía, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana- son los responsables de responder por los funcionarios de esa Administración y de los medios materiales.
MUCHO HINCAPIÉ EN QUE «LOS JUECES DECANOS NO CUESTIONAN EL SISTEMA»
Durante la reunión, el presidente Lesmes hizo mucho hincapié, ante el ministro y los 12 consejeros, en que «los jueces decanos no están cuestionando el sistema».
Y citó la reunión que mantuvieron el pasado 6 de noviembre en la sede del CGPJ con los 13 jueces decanos de las principales capitales de España en la que estos se mostraron moderadamente cooperadores
Apenas 15 días antes, en el marco de las XXVII Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, habían sido muy críticos con el plan de urgencia: «Los Jueces Decanos de España quieren dejar constancia, a día de hoy, 18 de octubre de 2017, que las medias de refuerzo, consistentes en la especialización de Juzgados para el conocimiento de acciones individuales sobre Condiciones Generales de Contratación, está resultando un completo y absoluto fracaso».
Le corresponde a los jueces decanos la organización de los citados juzgados bises de cláusulas suelo. De ahí la gran importancia que, para el presidente del CGPJ, tenía el contar con la colaboración de éstos, que condicionaron su apoyo a que se les proveyera de más jueces y de más medios materiales y humanos.
«El problema -relataban varios jueces decanos a Confilegal tras aquellas Jornadas Nacionales- es que nadie aquí tiene ni idea de cómo funciona un juzgado. Para que el plan de urgencia del CGPJ tenga éxito sería necesario doblar o triplicar el personal. Y eso es lo que no tenemos. La mayor parte de los Juzgados están por montar. Y los que funcionan, están saturados».
LESMES, SATISFECHO
Lesmes explicó al ministro y a los consejeros que estaba muy satisfecho del esfuerzo realizado hasta ese momento, y que iban «a pedirles un pequeño esfuerzo más, pero no mucho más».
El ministro Catalá escuchó con atención el relato de Lesmes, lo mismo que los consejeros, quienes escucharon con atención los números generales que se desgranaron ante ellos.
«Muchos de nosotros estábamos perplejos. Porque conocíamos tres diagnósticos, los de los jueces decanos, los de las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y ahora es del CGPJ, y no coinciden. Nos preguntábamos dónde estaba la verdad», relataron después algunos de los consejeros asistentes a Confilegal.
La propuesta del CGPJ tiene que ser estudiada ahora por los técnicos del Ministerio de Justicia, que analizarán sus costos y su viabilidad.
Dicho de otro modo: la pelota está en el tejado del Ministerio. Y en el de las Comunidades Autónomas.
«En un principio, durante la reunión el Consejo propuso una nueva reunión a tres bandas el próximo mes de marzo, dentro de cuatro meses, pero dejamos muy claro que cualquier decisión que se pudiera tomar tenía como condición que se nos entregue también a nosotros para valorarla. Y tendría que producirse antes de la decisión de prolongar el plan de urgencia. Porque nosotros también contamos», añadieron. «Queremos alejar cualquier tipo de oscurantismo en este asunto».
La nota de prensa del CGPJ recogió esa condición precisa de los consejeros: «Si se aprueba la continuidad del mismo, se convocará a una nueva reunión, con carácter inmediato, a las Comunidades Autónomas, que han mostrado su disposición a facilitar los medios personales y materiales precisos para esa segunda fase del plan en función de su disponibilidad presupuestaria, aunque han reclamado una ‘hoja de ruta’ en la que se fijen de manera clara y estable esas necesidades.
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