El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado hoy una proposición no de ley (PNL) contra los Juzgados especializados provinciales de cláusulas suelo, impulsados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con su «Plan de Urgencia», aprobado por acuerdo de 25 de mayo, en el que insta al Gobierno a tomar las medidas pertinentes para desactivarlo.
«Se trata de una decisión injusta y antisocial, que favorece a la banca en perjuicio de la ciudadanía. Además de ser una medida perjudicial para el funcionamiento de la Administración de Justicia, que impide repartir el trabajo de una forma adecuada entre los distintos Partidos Judiciales de cada provincia española», explica la PNL que han registrado hoy ante la Mesa del Congreso de los Diputados el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia, Juan Carlos Campo, magistrado en servicios especiales y exsecretario de Estado de Justicia, y su compañero, el diputado Miguel Ángel Heredia Díaz.
La Mesa del Congreso tiene ahora que decidir si admitirla a trámite.
Apoyo a la Abogacía y a los jueces
“El Congreso de los Diputados -dice la PNL- rechaza el acuerdo adoptado por el Consejo General del Poder Judicial para la creación de Juzgados especializados provinciales para conocer de los litigios sobre clausulas suelo, y apoya explícitamente al acuerdo del Consejo General de la Abogacía del pasado 19 de mayo, que exige mantener la competencia residenciada en los juzgados de partido judicial, sin perjuicio de las medidas de especialización y refuerzo en las demarcaciones en que fueran convenientes, con su correspondiente dotación presupuestaria».
El Grupo Socialista se decanta así, expresamente, por la posición mantenida por el CGAE -que representa a los 83 colegios de abogados de España- que, en su pleno del pasado 19 de mayo, manifestó su rechazo institucional al «Plan de Urgencia» del CGPJ, que contemplaba la creación de esos Juzgados especializados.
Una oposicion que también han manifestado las cuatro asociaciones de jueces -la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- así como buena parte de los jueces decanos, responsabilidad para la que son elegidos por sus compañeros.
«Esta medida agrava el problema que trata de solucionar, puesto que muchos de los juzgados designados carecen de capacidad para absorber las demandas que se concentren como consecuencia de este acuerdo, con lo cual los ciudadanos no podrán resolver sus conflictos en un tiempo razonable», dice la PNL.
Los ciudadanos, perjudicados
«Los habitantes de cada partido judicial, tendrán de forma obligatoria que desplazarse a la capital de la provincia, con el consecuente alejamiento del justiciable respecto al órgano judicial, por no citar el correlativo incremento de costes económicos que tendrá que soportar el ciudadano para litigar frente a las entidades financieras», prosigue el texto.
«A mayor abundamiento, el Plan de Urgencia, no solo excepciona las normas procesales en materia de competencia territorial del ciudadano, al que obliga a renunciar al fuero predeterminado, sino que en absoluto garantizan una mayor eficacia ni rapidez en la tramitación de los procedimientos».
Y remacha: «La medida se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni de presupuesto por parte del Estado y de las comunidades autónomas con las competencias transferidas, lo que provocará graves disfunciones. Además de colapsar los juzgados designados, se desaprovecha la potencialidad de juzgados de partido con capacidad para asumir estos asuntos».
