José María Alonso, Javier Íscar, Nicolás González-Cuéllar y Manuel Valero han reprobado a Carles McCragh, presidente del Consejo de la Abogacía Catalana, vicepresidente de la Fundación del Consejo General del la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Girona, por afirmar en una carta abierta dirigida al exconsejero de Justicia, Carles Mundó, que a él le «han negado, de alguna manera, la presunción de inocencia».
Los candidatos a decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) citados consideran que McCragh ni puede ni debe pronunciarse de esa manera, poniendo en tela de juicio el sistema constitucional y el ordenamiento jurídico que ha prometido, o jurado, defender, por razón de los cargos que ostenta en representación de otros.
Mundó es uno de los 7 exconsejeros del gobierno autonómico catalán disuelto con la aplicación del artículo 155 que está encarcelado preventivamente por los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Una decisión que tomó el pasado 2 de noviembre la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela.
En la carta abierta de McCragh, que publicó el diario digital proindependentista ara.cat, éste afirma que está en la cárcel por sus ideas, obviando los tres graves cargos.
“Evidentemente ahora estás en la cárcel por tus ideas y por tu compromiso con un pueblo que quisiste servir”, afirma McCragh.
Desde el punto de vista de José María Alonso, las palabras de McCragh son «absolutamente impertinentes. En modo alguno, una persona que ostenta cargos de relevancia en representación de el Consejo de la Abogacía Catalana, como ese señor, y que está para defender el Estado de Derecho, puede poner en duda las decisiones de los tribunales. Para eso están los recursos».
«En mi opinión el Consejo General de la Abogacía Española debería exigirle responsabilidades por esas manifestaciones, porque forma parte del propio Consejo. Yo, desde luego, lo haría. Esto no se puede ni se debe consentir. El señor exconsejero está en prisión preventiva por tres cargos muy graves no por sus ideas», añadió el candidato a decano.
Javier Íscar, por su parte, se pronuncia en la misma línea. «Estoy absolutamente en contra de las afirmaciones de este señor en la medida de que es el estado de derecho el que está funcionando. Uno puede estar o no de acuerdo de que ordenen para alguien la prisión provisional y sin fianza, pero está dentro de las reglas del estado de derecho y de la ley».
«Además, no existe presunción de culpabilidad, como dice. Nada más lejos de la realidad. Se ha establecido el proceso adecuado por haber vulnerado la ley, como ocurrió en los casos de Bárcenas o de Granados, que han estado en prisión provisional mucho tiempo. Alguien que representa a un colectivo, que tiene ideologías distintas y dispares, nunca debe posicionarse en favor de uno o de otro, salvo en el respeto a la ley y al Estado de Derecho, que es lo que debe prevalecer», señala.
Nicolás González-Cuéllar, al igual que sus colegas, no comparte «el contenido de la carta. La Constitución garantiza tanto la presunción de inocencia como la libertad de expresión, por eso cartas como esta se pueden publicar y difundir, aunque sean absolutamente desacertadas».
«Lo que más llama la atención es que el planteamiento ideológico que subyace no impidiera al autor de la carta proponerse como mediador [en la llamada comisión independiente para la mediación, el diálogo y la conciliación sobre el conflicto político catalán], que se supone que debería ser una persona con absoluta independencia», indica.
Manuel Valero tampoco está de acuerdo con las manifestaciones de McCragh sobre Mundó «al decir que se le ha negado la presunción de inocencia. Desde mi modesta opinión, no se comparece de la verdad, pues el señor Mundó goza de todos los derechos del artículo 24 de la Constitución, entre ellos el derecho a la defensa y el derecho a un juicio justo con todas las garantías. Nadie está por encima de la Ley, y la Abogacía Española debe defender por encima de todo el Estado de Derecho».
Y subraya: «Un compañero que representa institucionalmente a la abogacía, como es este caso, debería ser más prudente con determinadas declaraciones».
Luz Elena Jara, candidata a decana por la Asociación Libre de Abogados y Abogadas, declara que su organización no tiene una opinión sobre las declaraciones de McCragh, pero recuerda que hay que «respetar el imperio de la ley y las decisiones judiciales».
