La asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y la Libertad (Medel), ha afirmado que en España «no hay presos políticos» en alusión a los exconsellers de la Generalitat encarcelados tras el proceso independentista, y ha calificado el sistema judicial español como «hipergarantista».
La asociación, que engloba a 21 asociaciones progresistas de jueces y fiscales de 15 Estados, y representa a unos 15.00o asociados, subraya en un comunicado titulado «Declaración de Barcelona«, que las causas contra los miembros del Govern catalán cesado son propias de un Estado de Derecho equiparable a cualquier otro país europeo y se producen tras «los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña en los últimos tiempos».
«España es un Estado de Derecho en el que las decisiones judiciales y las solicitudes de la Fiscalía están sometidas, además de a un sistema hipergarantista en la instrucción y el enjuiciamiento de los investigados, al control y crítica de la opinión pública sin ningún tipo de cortapisa y con total transparencia», expone Medel en su comunicado.
«No hay presos políticos»
«Pero una cosa es mostrar disconformidad con las decisiones judiciales adoptadas y otra muy distinta cuestionar el sistema y la integridad e imparcialidad de quienes tienen la difícil labor profesional de asumir con responsabilidad la respuesta penal a los gravísimos hechos ocurridos en Cataluña en los últimos tiempos. En España no hay presos políticos», añade la asociación.
Medel considera «legítimo que haya ciudadanos que lamenten que la respuesta judicial no acompañe a un criterio de oportunidad política para resolver la delicada situación que se vive en España», pero rechaza que eso signifique el «que el sistema procesal español –que admite mejorable «como otros»– la división de poderes y las garantías del Estado de Derecho asentadas en un sistema democrático no sean iguales para todos los ciudadanos a través del imperio de la ley».
En este sentido advierten que «Si fuera de otra manera, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), nuestros asociados españoles, y Medel, seríamos los primeros en denunciarlo».
