La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociacion de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), adviriteron ayer contra todo intento de presionar, intimidar o influir a sus compañeros, jueces o fiscales, destinados en Cataluña es un atentado contra el Estado de Derecho.
La fiscal jefa de Barcelona, Anna María Magaldi, denunció que unos desconocidos entraron en la casa que tiene en un pueblo del Pirineo y le cortaron la calefacción y desconectaron la antena de televisión tras forzar la puerta del trastero.
Por otro lado, han aparecido varias pintadas en el municipio de Port de la Selva, en Girona, en las que se exigía al titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investiga la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre, que se marchara de allí.
“Fora j. 13”; “M S j. 13 fora de Port”, escribieron unos desconocidos. J.13 se refería, como es evidente, al magistrado del Juzgado de Instrucción 13.
Ramírez Sunyer fue el magistrado que ordenó la detención de 16 altos cargos del gobierno autonómico catalán y el registro de 40 despachos y despendencias entre los días 20 y 21 de septiembre, lo que provocó grandes manifestaciones que trataron de impedirlo.
Como consecuencia, la la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, pidió a Ramírez Sunyer la remisión de esa instrucción y llamó a declarar a los presidentes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Después del interrogatorio, y a petición de la Fiscalía, ordenó su prisión preventiv de ambos acusados del delito de sedición.
«Cualquier actuación del tipo que sea tendente a presionar, intimidar, influir o tratar de forzar un pronunciamiento judicial en determinado sentido merece la más repulsa por su gravedad para la propia supervivencia del Estado Derecho», ha dicho el presidente de la APM, Manuel Almenar.
Además, ha recordado que este tipo de conductas están contempladas en el Código Penal como «constitutiva de delito».
Por su parte, el portavoz de Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, coincide con su colega y que ha asegurado que estas actuaciones, y sobre todo ante la tensión que se está viviendo en Cataluña por el denominado proceso soberanista «va más allá».
«Van a minar al Poder Judicial, al Estado de Derecho y a todos los ciudadanos, pero no lo van a conseguir».
El portavoz de JJPD, Ignacio González Vega, ha afirmado que esto ni es «de recibo», ni es la «forma de manifestar la oposición».
«Probablemente tratan de intimidar a la única institución que tiene una presencia en todo el territorio la Comunidad Autónoma de Cataluña que es el Poder Judicial», cuyo «importante» papel es «dar respuesta en derecho a los problemas que se plantea por la sociedad».
Por último, la presidenta de FJI, Concepción Rodríguez, ha destacado que los jueces y fiscales «como cualquier otros ciudadanos, tienen derecho a un respeto hacia su persona».
Rodríguez ha instado al Poder Judicial a que ampare a estos profesionales que «se encuentran perturbados en su independencia a la hora de ejercer sus funciones jurisdiccionales» y que esto no afecte a «su vida privada». EP.
