Al abogado José María Garzón no se queda la menor duda, después de leer la última comunicación de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) a sus compañeros: «El Ministerio de Asuntos Exteriores restringe los derechos fundamentales de los diplomáticos. Es una decisión que podría encajar en el ‘mobbing’ ya que, avisa que los diplomáticos que recurran ante los tribunales las injusticias que pudieran estar sufriendo no pueden esperar nombramiento alguno».
Garzón, socio director de Garzón Abogados -despacho calificado por «The Diplomat in Spain» como el bufete de los diplomáticos en España por haber defendido con éxito al ex embajador en la República Democrática del Congo Antonio Fernández de Mazarambroz, y al exembajador en Finlandia, Marcos Vega-, se refiere así a la comunicación remitida por la Junta Directiva de la ADE, formada por su presidente, Javier García Larrache, José María Davó, Carlos Sánchez de Boado, María Luisa Huidobro y Raúl de Rosa, quienes se habían reunido con la subsecretaria Beatriz Larrotcha, y con el director general del Servicio Exterior Alejandro Polanco.
Su punto 4, que lleva por título «Mensajes de la Subsecretaría» dice así: «Los diplomáticos tenemos el privilegio de representar a España, y como contrapartida tenemos también el deber de que nuestro comportamiento sea impecable. Actitudes poco profesionales o inadecuadas, por no decir cuando bordean o caen de lleno en la ilegalidad son inaceptables, y tremendamente dañinas para la Carrera. Dichas actitudes perjudican a la propia Carrera, a la que ponen, como al Ministro, en situación de debilidad».
Y añade: «Bajo esa filosofía, los compañeros con cuestiones judiciales o recursos pendientes contra el Ministerio, no pueden esperar ser nombrados para altos cargos u otros puestos de confianza, en tanto no se resuelva su situación. La decisión en este sentido es firme».
AVISO PARA NAVEGANTES
De acuerdo con Garzón, dicho «aviso para navegantes» equivale a una amenaza, una coacción clara y a un posible ejercicio de acoso laboral en toda regla contra todos aquellos diplomáticos que pudieran tener la tentación de acudir a defender sus derechos ante los tribunales de justicia como cualquier ciudadano.
«El mensaje intrínseco es: a todo aquel que se atreva a demandar o denunciar al Ministerio que se prepare porque su carrera se va a ir a pique. Parafraseando al que fuera vicepresidente Alfonso Guerra, han querido decir: ‘Ojo, aquí, el que se mueva no sale en la foto’. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Avisos para navegantes como este son más propios de estados autoritarios y dictatoriales, como Guinea Ecuatorial que de un país miembro de la Unión Europea», manifiesta el abogado.
Y añade: «El Ministerio de Exteriores maltrata a sus diplomáticos. A Antonio Fernández de Mazarambroz, que fue absuelto por el Tribunal Supremo, jamás se le restituyó su honor desde el Ministerio. Ni dos simples palabras como ‘lo sentimos’. Y lo mismo ocurrió con Marcos Vega, que también fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables de la Audiencia Nacional, decisión que no fue recurrida por el Ministerio de Asuntos Exteriores ante el Supremo, lo que equivale a una admisión del error que se cometió contra él. De eso ha pasado más de un año y medio y todavía está esperando destino. A las pruebas me remito».
