El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes un recurso de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que se establecieron medidas cautelares para los acuerdos de crédito de 275 millones destinados a Inversiones Financieramente Sostenibles.
En dicho recurso, se propone el alzamiento total de las medidas o, en su defecto, el Ayuntamiento solicita un alzamiento parcial para los 127 millones que se encuentran en un grado de ejecución avanzado o completo y una caución sustitutoria para los 15 millones de IFS que se corresponden con créditos ya autorizados. Esa caución se financiaría con cargo al Presupuesto de 2018.
La alcaldesa en funciones, Marta Higueras, anunció días atrás que el plazo para presentar este recurso de reposición termina el martes pero que el Gobierno municipal no agotará el plazo. Este recurso se presenta para poder reanudar aquello que ha quedado suspendido.
Según ha expresado el Consistorio, si se mantienen las medidas cautelares, se produciría la pérdida del objeto del proceso, explica el recurso. «La adopción de las medidas cautelares solicitadas por la Delegación del Gobierno produciría en este proceso un resultado totalmente ajeno al que les reconoce la ley procesal, porque no tendrían un efecto provisional o cautelar, sino definitivo e inexorable», apunta.
Las Inversiones Financieramente Sostenibles se realizan con cargo al remanente de tesorería del año anterior y deben ejecutarse en el año en curso, en este caso 2017. «Si quedan suspendidas por las medidas cautelares hasta que se dicte sentencia habrá pasado ese año y por tanto sería jurídicamente imposible realizarlas», apuntan.
El recurso del Ayuntamiento considera que las dos razones por las que el TSJM acordó medidas cautelares «carecen de virtualidad jurídica».
Uno de los argumentos del TSJM es la prevalencia del interés general del conjunto del Estado en materia de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de los compromisos con la Unión Europea. Pero no es cierto que el incumplimiento de la regla de gasto pueda comprometer el interés general de España, argumenta el recurso del Ayuntamiento.
«La normativa europea no establece ninguna consecuencia directa por el incumplimiento de la regla de gasto (a diferencia de lo que sucede con el déficit)». Con sus más de 1.000 millones de superávit «la situación presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid no sólo es irreprochable, sino que se puede decir que es absolutamente ejemplar» de cara a la legislación europea.
En todo caso, recuerda el recurso, los créditos afectados por las medidas cautelares ni siquiera afectan al cálculo de la regla de gasto, puesto que se hacen con cargo a remanente de tesorería del ejercicio anterior que no incrementa el gasto computable. (EP)
