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Román por Hernández, ¿último intercambio de cromos para magistrados del Supremo en el CGPJ?

Fernando Román y Javier Hernández, los dos candidatos para los que se piensa las 2 plazas vacantes de magistrados de la Sala de lo Contencioso y de lo Penal.
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La verdad es que esta «conjunción planetaria» en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía tiempo que se veía venir. Porque el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes, tiene dos deudas pendientes.

Una con su amigo Fernando Román, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y ex secretario de Estado de Justicia durante el tiempo en que fue ministro Alberto Ruiz-Gallardón (entre enero de 2012 y septiembre de 2014).

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Y otra con la vocal «progresista», Mar Cabrejas, quien desde el comienzo de éste Consejo ha formado parte de la Comisión Permanente y ha votado la casi totalidad de sus propuestas. Es legendaria la lealtad personal que profesa a Lesmes.

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Cabrejas siempre ha dejado claro a los que la rodean que le gustaría mucho que su amigo, Javier Hernández, presidente de la Audiendia Provincial de Tarragona, fuera magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Una decisión que volvería a cerrar el paso a nuevas mujeres magistradas

Actualmente, de los 77 magistrados que conforman el Tribunal Supremo sólo 11 son mujeres; un 14,2 por ciento, mientras que en la carrera judicial las mujeres son mayoría: un 56 por ciento, cosa que no se refleja en la composición del alto tribunal, 66 hombres frente a las 11 mujeres mencionadas.

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Este desequilibrio desigual en la composición del Supremo es algo que preocupa, y mucho a la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), cuya presidenta, Gloria Poyatos, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha instado al CGPJ a que elijan magistradas para los nuevos puestos vacantes con el fin de paliar esa situación porque «el Supremo es un órgano en el que toman decisiones por mayoría los hombres, sobre temas de gran impacto social, sin que las mujeres estemos presentes. Esto debe de acabarse». 

De materializarse el acuerdo que se está fraguando y que revelamos aquí, se perdería una ocasión de oro para corregir esta situación dando paso a nuevas mujeres magistradas.

Los dos puestos vacantes

El puesto que estaría reservado a Fernando Román es el que ahora ha dejado libre por jubilación Pedro Yagüe, por el turno de especialistas, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Justo lo que es Fernando Román. Especialista de esta jurisdicción.

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El de Hernández sería la plaza vacante por lo mismo, jubilación tras cumplir 72 años, de José Ramón Soriano. En este caso generalista.

De acuerdo con nuestras fuentes, el presidente Lesmes se está ejercitando a fondo en un ejercicio de «lobby» interno entre los vocales para concitar una mayoría que posibilite el nombramiento de ambos magistrados en lo que sería un nuevo intercambio de cromos, tan criticado y denostado por la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), y por la mayor parte de la carrera judicial.

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De esa forma, los 11 votos del grupo afín al presidente, dentro del Pleno del CGPJ -son 20 vocales más Lesmes- se sumarían a parte de los 9 que forman el sector «progresista», en el que se encuadra Mar Cabrejas, miembro de Juezas y Jueces para la Democracia, como Javier Hernández.

Fernando Román y su amigo, Carlos Lesmes, en una foto tomada el día de su toma de posesión, el 12 de diciembre de 2013, cuando el primero era secretario de Estado de Justicia. Carlos Berbell.
Javier Hernández y Mar Cabrejas durante la intervención del primer en la Escuela de Verano del poder judicial en Mariñán, A Coruña, en 2014. Poder Judicial

Aunque en ese sector la unanimidad está lejos de ser una realidad, con un puñado de esos votos obtendrían una mayoría simple suficiente para cumplir los objetivos de hacer a Román y a Hernández magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de lo Penal, respectivamente.

«Si ese cambio de cromos que parece avecinarse se hiciera realidad, supondría un nuevo mazazo a la imagen de independencia de la justicia, lo que afectaría a toda la carrera judicial y a la percepción que, de nuestro trabajo, tiene la ciudadanía. Es hora de que se implante un baremo de méritos objetivables en un 75 por ciento para acabar con cualquier tipo de cambalache», declaró Villegas, secretario general de la PCIJ, a Confilegal.

«El mérito y la capacidad de la que tanto se alardea hoy en día para estos tipos de nombramientos no dejan de ser una broma pesada», añadió.

La deuda con Román

Lesmes le debe a Román ser presidente del órgano de gobierno de los jueces, por encima de todo.

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Además, el exsecretario de Estado de Justicia de Ruiz-Gallardón fue el coordinador de la Comisión Institucional de expertos que se creó el 2 de marzo de 2012 y cuyas recomendaciones se materializaron en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2013 que transformaron el modelo de funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces de un sistema colegiado a otro presidencialista.

Una reforma que Podemos propuso recientemente derogar de raíz para regresar al modelo de 2001, mediante una proposición de ley presentada ante el Congreso de los Diptuados.

De dicha Comisión Institucional de expertos formaron parte Carlos Lesmes, Luis María Díez-Picazo Giménez, a quien éste elevaría después a presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo -en detrimento de José Manuel Sieira-, y Joaquín María Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó, al quien nombraría más tarde secretario general del CGPJ.

Lesmes ya intentó una vez antes colocar a su amigo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.

Fue a comienzos de 2016. Su pretensión se vio contestada con una fuerte resistencia interior por dos razones.

La primera porque había pasado muy poco tiempo -18 meses- desde que Román había dejado de ser secretario de Estado de Justicia por el Partido Popular en lo que parecía un nuevo caso de «puertas giratorias».

Y la segunda. porque, de los 5 aspirantes, Román era el magistrado que menos sentencias había puesto, 594, 5.254 menos que Rafael Toledano Cantero, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue el elegido finalmente.

En aquella votación, Lesmes se abstuvo de participar en aquella votación comunicando al secretario general del CGPJ «por razón de amistad con uno de los aspirantes, Fernando Román».

Ahora han pasado tres años y tres meses y la memoria de Fernando Román, secretario de Estado de Justicia de Ruiz-Gallardón se difumina en el tiempo, lo que beneficia a este segundo intento.

La deuda con Hernández

Es una deuda personal de Mar Cabrejas. Javier Hernández es su amigo del alma y llevarlo al Supremo parece ser una de las misiones de su vida.

La amistad entre ambos se remonta a la época en que la vocal del CGPJ estuvo destinada en Tarragona, hace ya más de veinte años.

Hernández es, desde julio de 2009, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona y desde diciembre de 2005 de su Sección Cuarta (Penal y Violencia contra la mujer). Antes fue magistrado de la Sección 2ª (penal) de la Audiencia Provincial de Tarragona, magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 9 de Tarragona, magistrado en la Audiencia Provincial de Lleida -civil y penal- y Juez en el Juzgado Primera Instancia e Instrucción nº Uno de El Vendrell (Tarragona).

En 2015, el magistrado llamó la atención de propios y extraños al plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, poniendo en tela de juicio la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de ese año, llevada a cabo por el Gobierno, en lo relativo a la regulación de la obtención o producción, admisión, asunción y valoración de los diversos medios de naturaleza digital, una de las reformas de más profundo calado realizadas en los últimos tiempos.