Foro Judicial Independiente y la Red Latinoamericana de Jueces (REDLAJ) han suscrito en Madrid un convenio de colaboración para defender la división de poderes y, en especial, la independencia de los jueces, vital para todo estado democrático y de derecho.
El Convenio ha sido rubricado por la presidenta de la Comisión Gestora de FJI, Concepción Rodríguez, y la vicepresidenta de REDLAJ, Jackeline Yalan Leal, que actuó en representación de Roberto Page Lloveras, su presidente, que no pudo estar presente.
La Red Latinoamericana de Jueces es un organismo de derecho privado, sin fines de lucro, y está formada por magistrados representantes de 18 países de América del Sur, Centroamérica y Caribe. En diciembre de 2009, la REDLAJ fue invitada a integrar, como observadora oficial, la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Entre sus objetivos se encuentran los de desarrollar mecanismos de cooperación judicial e integración a partir de un marco de confianza e inteligencia colectiva y defender y representar intereses y prerrogativas ante las autoridades y entidades nacionales e internacionales, pugnando por el creciente prestigio de la actividad judicial, por la efectividad del Derecho y la integración de los países latinoamericanos.
De cara a la reforma de la LOPJ
«Vamos a mantener reuniones mensuales con el fin de recabar apoyos y elaborar trabajos de investigación conjuntos en materia de independencia judicial», explica Rodríguez.
«Uno de los primeros estudios se centrarán en la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sus consecuencias. Foro Judicial Independiente no va a presentar ningún candidato a no ser que las elección de los 12 vocales jueces que conforman el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por sufragio directo», aclaró la presidenta de la Gestora de FJI.
Recientemente el Grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem y En mareas, presentó una proposición de ley para derogar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en 2013 y que transformó la naturaleza del CGPJ en un órgano presidencialista. Dicha proposición contemplaba el regreso al sistema de elección de 2001 por el cual las asociaciones y los no asociados presentaban 36 candidatos al parlamento, de los que se elegían 12.
«Regresar a esa opción no es aceptable», concluyó Rodríguez.
