El Supremo ha bloqueado la venta de 2.935 viviendas por 201.000.007 euros que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) realizó a la entidad privada Azora-Goldman Sachs, al considerar que esta compra menoscaba la «protección social» de los propietarios.
El fallo del Supremo no anula la venta, pero obliga a los tribunales de primera instancia y, en su caso, a los superiores, a pronunciarse sobre el recurso que el citado inquilino de una de las viviendas sociales presentó contra la millonaria operación de privatización por parte de la Comunidad de Madrid.
La legitimidad del arrendatario para oponerse a la operación «deriva de la incidencia que el traspaso de la vivienda tiene» en sus derechos, dado «que puede verse privado de beneficios sociales y de una política orientada al cumplimiento de fines sociales que hasta el momento venia disfrutando», así lo recoge el Alto Tribunal en una sentencia, adelantada por ‘La Información’.
Este fallo judicial supone el primero que estima que los adjudicatarios de las viviendas tienen el derecho a recurrir dicha venta, después de que múltiples recursos contra la decisión hayan sido desestimados por la justicia madrileña al «no afectar» a los intereses de los propietarios.
Ha sido un afectado de Navalcarnero el que ha conseguido finalmente que den la razón a los afectados. Este hombre, después de que el Juzgado de lo Contencioso 29 de Madrid y la sección octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le negaran el derecho a impugnar la operación, ha obtenido esta sentencia favorable.
La magistrada María Isabel Perelló estima que este propietario sí tiene interés legítimo en la causa, «pues la venta implica que la vivienda por él ocupada pasa del sector público pasa a una empresa privada, con las diferencias en cuanto al grado de protección social de la vivienda y de sus arrendatarios que ello implica».
Perelló continúa evocando que una administración pública está obligada a obliga a «promover las condiciones para la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas».
Además, también cita el artículo 47 de la Constitución Española que dispone que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada», y que los poderes públicos deben promover «las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
En este sentido, la magistrada considera que la adjudicataria de las viviendas es «una entidad privada que tiene como finalidad la obtención de beneficios en una sociedad de mercado», por lo que el cambio de régimen jurídico tiene «consecuencias directas y concretas para el propietario, dada la diferencia entre los fines sociales que sí tiene una administración pública que no concurren en una empresa privada
respecto a la vivienda y a la situación del arrendador».
Por último, la jueza da por «ciertas» las «consecuencias
negativas derivadas de la desaparición de los beneficios y fines sociales inherentes a la actuación que corresponde al Ivima», como podrían ser la bonificación temporal de la renta o prórrogas.
PAH: «ES UN GRAN PASO, VEMOS ALGO DE LUZ»
Alejandra Jacinto, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha detallado en declaraciones a Europa Press que esta sentencia es un «gran paso». «Vemos la luz, y ahora solo falta que alguna jueza valiente ratifique la ilegalidad de las ventas», señala la abogada.
Jacinto explica que desde la Plataforma llevan cuatro recursos desde 2013 de propietarios en situaciones similares en Vallecas, Leganés y Parla. «Tras ir al Contencioso-Administrativo un juez decidió de manera cobarde no entrar al fondo del asunto y aferrarse a que no tenían legitimación sobre la legalidad o no de la venta», cuenta la letrada, que lamenta que se quitaron «de un plumazo el marrón».
La abogada se muestra «esperanzada» con este fallo del Supremo, que «abre una puerta» al resto de recurrentes y podría obligar a los jueces a pronunciarse sobre el fondo del asunto: «si la venta fue ajustada a derecho o no». (EP)
