El juzgado número 6 de Móstoles acordó ayer «el sobreseimiento y archivo de la causa» contra el actual alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, «por personar» a su Ayuntamiento, como acusación particular, en una de las piezas del caso Gürtel, todavía por enjuciar, mediante la contratación de un despacho de abogados.
La querella había sido interpuesta por su antecesor en el cargo, Arturo González Panero -para quien la Fiscalía solicita 40 años de cárcel por su participación en la trama Gürtel- por los supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.
Dicha querella contra González Terol ha sido ahora desestimada por la magistrada María Dolores Ánega.
Esta entiende que su Juzgado carece de «competencia para la instrucción por corresponder en exclusiva a la sala de lo Penal del Tribunal Supremo» al ser el alcalde de Boadilla también diputado y, por lo tanto, aforado.
El Ministerio Fiscal, en su escrito, también ha subrayado esa falta de competencia para seguir adelante con el caso en ese Juzgado.
Este dato preciso, que González Terol es diputado por el PP en el Congreso de los Diputados, fue omitido en la querella que presentó su antecesor.
La magistrada instructora explica en su auto, al que ha tenido acceso Confilegal, que el pasado 11 de diciembre el Tribunal Supremo le confirmó el aforamiento de González Terol.
Como es preceptivo, Ánega requirió al Tribunal Supremo, el órgano a través del cual los jueces españoles hacen este tipo de preguntas al Congreso de los Diputados o del Senado, esa información, que le fue facilitada el pasado 14 de diciembre.
El Ministerio Fiscal, en su escrito, también subrayó la falta de competencia de ese Juzgado para investigar al querellado.
Como consecuencia, y por ese motivo, la magistrada decretó el archivo de la causa, lo que supone un mensaje implícito para el querellante González Panero: vaya usted a presentar la querella al Tribunal Supremo porque eso es precisamente lo que tenía que haber hecho desde el principio al saber, como sabía, que era aforado.
«Fines espurios o de venganza»
El actual alcalde de Boadilla del Monte afirma, en las alegaciones presentadas ante la magistrada, oponiéndose a la tramitación de la querella, que la misma obedecía «a fines espurios o de venganza» por parte de González Panero, apodado «El Albondiguilla».
A éste se le acusa de haber percibido de la trama Gürtel 1,8 millones de euros; se le atribuyen delitos como asociación ilícita, prevaricación, fraude a las Administraciones Públicas, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho y blanqueo de capitales.
Por ello, el alcalde y diputado considera que la querella de su antecesor contra su persona trata de «invalidar todas las pruebas que el servicio jurídico contratado había aportado en el juicio contra Panero y algunos miembros de su entorno, a quienes se había conseguido imputar».
González Panero acusaba a su sucesor de haber contratado, desde el Ayuntamiento, un servicio jurídico de una forma poco ortodoxa, para personarse, como acusación particular, en el caso en el que él está imputado.
Algo que ha negado el alcalde y diputado.
González Terol ha alegado que ha sido el bufete «económicamente más ventajoso después de haber invitado a participar a 5 despachos de abogados diferentes».
Cumplió con la Ley de Contratos del Sector Público
La razón por la que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, población al oeste de la Comunidad de Madrid, contrató un despacho externo era porque «los servicios jurídicos municipales, en aquel momento formados por tan solo un funcionario, no podían hacerse cargo por la complejidad del caso –una causa penal mastodóntica– y la sobrecarga de asuntos que tenía la unidad jurídica del Consistorio».
Otro factor muy importante fue que «ninguno de los despachos de abogados que fueron invitados al procedimiento de contratación había trabajado anteriormente para González Terol, quien jamás había tenido relación previa con ellos, incluido el despacho adjudicatario».
Tenían que poner distancia con respecto a las relaciones y contactos de González Panero cuando era alcalde.
La contratación, aseguró a la magistrada, se realizó «siempre fundamentándose en la Ley de Contratos del Sector Público vigente».
Finalmente González Terol explicó a la magistrada que el escoger un negociado sin publicidad se debía fundamentalmente a «garantizar la reserva y discreción de la estrategia y el enfoque judicial que iba a tener el Consistorio como acusación particular en el procedimiento» además «de la urgencia de personarse en la trama».
González Panero tendrá que iniciar otra vez la causa ante el Tribunal Supremo tras este revés.
