El Ministerio de Justicia está distribuido en tres edificios a lo largo de la madrileña calle de San Bernardo; este es el principal. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
La Asociación de Fiscales APIF denuncia el desconocimiento del Ministerio de las necesidades informáticas de la Fiscalía
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23/1/2018 05:58
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Actualizado: 23/1/2018 02:07
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La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) denuncia la «falta de conocimiento con que el Ministerio de Justicia está abordando las dotaciones de medios informáticos con que operan las fiscalías en España».
«La llamada ‘reconfiguración de la dotación de medios informáticos’ al servicio de las distintas fiscalías, operada por el Ministerio de Justicia, la ha iniciado en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha –y en otros lugares de España en los que la competencia sobre la materia está atribuida al Ministerio- donde se ha limitado, exclusivamente, a sustituir el ordenador de mesa y el ordenador portátil que algunos fiscales –no todos, por supuesto- utilizan a diario para su trabajo, por unas ‘surfaces’ o tabletas a las que se copia el contenido de los discos duros del ordenador de mesa», dicen en un comunicado.
La APIF lamenta que solo desde la ignorancia de la función y del trabajo diario que los fiscales ejerzan se pueda defender que un compendio de acciones como calificar, informar, consultar jurisprudencia y antecedentes, y manejar simultáneamente distintas aplicaciones y programas muy deficientes pero obligatorios de uso para los fiscales, puede realizarse desde una surface cuya conexión a internet además corre por cuenta de los fiscales.
«Por todo ello, la APIF ha dirigido un escrito al ministro de Justicia, al margen de las reclamaciones que las Juntas de Fiscales van a emprender, en el que demandamos, respetuosamente pero con todo rigor, que se corrija este desaguisado que, paradójicamente, no se extiende a todos los jueces y magistrados de dicha comunidad autónoma – a otros sí, en este caos que nos dirige-, a los que sí se les permite conservar sus ordenadores de mesa, en una clara e injustificada discriminación en la dotación material «, concluyen.
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