El Tribunal de Cuentas ha acordado el inicio de una investigación de los gastos de la red diplomática de la Generalitat para comprobar el destino dado a los recursos asignados a la política de acción exterior de Cataluña entre los ejercicios 2011-2017.
Así lo ha acordado el Pleno del tribunal en una resolución donde da respuesta a las medidas aprobadas por el Pleno del Senado el pasado 27 de octubre para la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución.
Para llevar a cabo esa fiscalización, el Tribunal de Cuentas solicita información de hasta 29 entidades, entre ellas del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, liquidado ya por la aplicación del 155 y que era una entidad público-privada al servicio de la Generalitat para el impulso del proceso independentista en la esfera internacional.
Una información que se tendrá que remitir a medida que esté disponible y, en cualquier caso, antes del 15 de febrero.
En concreto, quiere que se le remita una exhaustiva información de las cuentas, gastos y actividades de un conjunto de entes que van desde el Diplocat hasta el Institur Ramon Llull, la Casa Asia, la Promotora de Exportaciones Agroalimentarias o la Corporación catalana de Medios Audiovisuales.
Pero también del Instituto Catalán Internacional por la Paz, la Agencia Catalana de Turismo, la Fundación Wassu, el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña o la Fundación Casa América Cataluña, entre otros.
Según informa la Agencia EFE, entre la información que el tribunal fiscalizador solicita figura toda la normativa en materia de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, la relativa a las comunidades catalanas en el exterior y la de las unidades de representación institucional en el extranjero, así como el organigrama de la comunidad autónoma para su política diplomática.
También pide la relación y copia de los planes anuales y plurianuales de acción exterior y cooperación al desarrollo, así como de las actuaciones llevadas a cabo en ese ámbito: programas, asistencia técnica, acuerdos de colaboración, participación en organizaciones y redes internacionales, conferencias, foros, seminarios, estudios, publicaciones o programas formativos.
Asimismo, el tribunal demanda, «con el mayor grado de desagregación posible», el detalle de la ejecución presupuestaria en cada ejercicio de los programas de Dirección y administración general, Relaciones exteriores, Cooperación al desarrollo, Internacionalización de la cultura y Medios de comunicación social.
Otros programas sobre los que pide su ejecución presupuestaria son los de Políticas y sensibilización ambientales, Innovación, Apoyo a la industria e Internacionalización, promoción y fomento del comercio exterior.
El Tribunal de Cuentas quiere una relación y una copia del acuerdo de creación de las unidades de representación institucional en el exterior, con el personal destinado, los contratos de arrendamiento de sus sedes y las liquidaciones mensuales de gastos presentadas por sus responsables.
Precisamente, el 27 de diciembre la Comisión Mixta del Congreso y el Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó pedir a este órgano que fiscalizara los recursos destinados por la Generalitat a las políticas de acción exterior entre los años 2011 y 2017 a través de las llamadas embajadas catalanas y el Diplocat.
