El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha lamentado este miércoles que el Congreso de los Diputados rechazase la tramitación de la proposición presentada por el PP para reformar la Ley del Registro Civil. El colectivo considera que los partidos de la oposición podrían haber conseguido garantizar el mantenimiento de un servicio público a través de enmiendas.
Los ‘populares’ plantearon una modernización de la administración con un único registro para toda España, informatizado y que permitiría, entre otras novedades, eliminar el Libro de Familia físico.
Para STAJ es «incomprensible» que los grupos parlamentarios «se nieguen a estudiar y a mejorar» una ley, cuya entrada en vigor lleva siendo retrasada desde hace siete años y que «deja en vilo a casi 5.000 funcionarios de Justicia de toda España».
En un comunicado, el sindicato afirma que la proposición de Ley del PP era «manifiestamente mejorable» y por ello entiende que los partidos políticos deberían haber aceptado su tramitación para que, «mediante enmiendas», buscasen «un texto que satisfaga las necesidades de todos, modernizando el Registro Civil pero manteniendo su estructura de modo que siga siendo un servicio público completamente gratuito, enmarcado en el ámbito de la Administración de Justicia».
Un registro civil que sea «servido por funcionarios públicos, y cercano a los ciudadanos, manteniendo las competencias registrales de los Juzgados de Paz«, recalca el comunicado.
STAJ subraya que es necesario que se refuerce la «gratuidad y cercanía de los Registros Civiles de toda España para el ciudadano», ya que se eliminan de «un plumazo» la totalidad de las oficinas actuales dejándolas reducidas a un «número, composición y dimensiones» que dependerá de las decisiones que al respecto adopten las Comunidades Autónomas.
PELIGRO DE PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO Y DE LA GRATUIDAD
Por todo ello, el sindicato denuncia que el rechazo de la iniciativa del PP perjudica al sector porque «vuelve el peligro de pérdida de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, el peligro de perder la gratuidad de los trámites que se realizan en los Registros Civiles y la lejanía de la inmensa mayoría de la población a su oficina de Registro Civil«.
«No puede bloquearse la labor parlamentaria a expensas de unos intereses partidistas, sean del partido que sean, manteniendo en riesgo continuo el servicio público y el interés ciudadano», recalca el sindicato.
Además, asegura que pedirá «unidad de acción» con el resto de sindicatos de los letrados de la Administración de Justicia para «exigir» al Ministerio y a los partidos con representación parlamentaria «una solución pactada, que mantenga el Registro Civil como servicio público, gratuito, con su demarcación actual, incluidos los Juzgados de Paz y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia». (EP)
