La Comunidad de Madrid hacía pública esta semana su proyecto para ampliar hasta en un 55% el personal de los Juzgados de Paz, en un encuentro con hasta 70 jueces de paz. Un apoyo del ejecutivo autonómico a estos profesionales que se sienten «abandonados» por el Ejecutivo nacional, después de la fuerte incertidumbre y cambio de competencias que ha provocado la Ley de Eficiencia.
Desde la Consejería de Justicia, gestionada por Miguel Ángel García Martín, la Comunidad de Madrid informaba esta semana de su proyecto de dotación de medios tecnológicos, materiales y humanos para la transición de los Juzgados de Paz a Oficinas de Justicia en los municipios madrileños.
Una transición contemplada en la Ley 1/2025, conocida como Ley de Eficiencia. Normativa que, según ha explicado el consejero madrileño «recogía la desaparición» de los jueces de paz, a pesar de tener «un papel imprescindible».
Papel que con esta transformación, que deberá estar finalizada para finales de año, «seguirá desarrollando las mimas funciones, y algunas nuevas». Ello, a pesar de que, tal y como lamentan los propios jueces de paz, no han contado con información suficiente por parte del departamento de Félix Bolaños para este cambio estructural de sus funciones.
El cambio de los jueces de paz con la Ley de Eficiencia
«En esta situación de cambio, hay muchas cosas que no se nos están comunicando». Así lamentan desde la Asociación de Jueces de Paz la falta de información que están recibiendo por parte de las administraciones, y esencialmente, desde el ministerio de Félix Bolaños, de cara a la transformación que ha de cumplirse este año.
Unos cambios que no siempre son positivos. Especialmente, para los vecinos de muchos municipios, tal y como lamentan desde la asociación.
«Nos estamos encontrando es que hay una eliminación de una actividad muy útil para los vecinos. Por una parte, con el registro civil, que muchos municipios van a tener que desplazarse a otras localidades vecinas a hacer sus trámites. Eso estaría bien si todo estuviera digitalizado, pero no lo está. Y hay que tener en cuenta que tenemos una población cada vez más mayor. Especialmente, en los entornos rurales. Gente a la que el juez de paz ve por la calle, y le solventa sus dudas», lamenta.
Facilidades a los usuarios que están desapareciendo. Y que, con la llegada de la nueva normativa, empezarán a tener un coste importante para los ciudadanos. Un precio que antes era completamente gratuito.
«Algunos ayuntamientos están empezando a cobrar servicios, como celebrar bodas. Y lo están cobrando por entre 400 y 800 euros, y antes era gratuito, excepto la cesión de algunas instalaciones de los ayuntamientos», destacan desde la asociación a Confilegal.
Una situación que está provocando «no sólo que se pierdan competencias, sino que se pierde proximidad. Ahora, el servicio es impersonal, de funcionariado, que puede tener o no vocación. Y que están sujetos a un horario de oficina».
«Muchas provincias están diciendo que no quieren que se pierda la figura del juez de paz. Entre otros, porque la eficiencia económica se perdería. Porque antes, los jueces de paz saldríamos casi gratis. Y ahora, hay mucho más personal, que va a suponer mucho más coste. Y van a darse vacantes que van a ser muy difíciles de cubrir. porque el personal de justicia tendrá que desplazarse 100 kilómetros. Y eso ya nos lo estamos encontrando. por ejemplo en Manzanares el Real, donde el registro civil ha estado parado cinco meses. Y la jueza de paz, queriendo ayudar, sin poder hacerlo por no tener las competencias», aseguran.
Nuevas competencias, pero sin formación
Un problema de competencias que también está afectando en el tiempo dedicado al servicio. Algo a lo que se unen también los cambios digitales que se están produciendo.
«Actividades que antes nos llevaban 10 minutos, ahora son más de hora y media. El tema de la eficiencia, se ha ido perdiendo. Y personal habilitado del Ayuntamiento, que antes dedicaba 3 o 4 horas, ahora tiene que invertir la jornada completa. Y desatiende otras funciones dentro del Ayuntamiento», lamentan desde la Asociación.
Complicaciones de cara al trabajo diario con los ciudadanos que también va a provocar «roces» entre los trabajadores. Especialmente, ante la falta de información que existe sobre quién deberá realizar cada función.
«En las oficinas judiciales habrá jueces de paz con personal funcionario de Justicia. Y en algunas cosas, donde las competencias no están claras, podrá haber conflictos entre el propio juez y el personal de justicia. Porque van a compartir y competir por el mismo espacio», lamentan.
Problemática a la que se unen las nuevas responsabilidades que tendrán que asumir estos jueces de paz. Y ante las que no cuentan con formación ni asesoramiento.
«Con la nueva ley, antes de acudir a juicio, se ha estipulado un intento de mediación, donde nosotros vamos a tener más carga de trabajo. Y también recobramos la competencia de juicios de faltas», enumeran desde la asociación.
Responsabilidades ante las que «hay gente que no tiene experiencia. Y otras personas que, en los pueblos, tengan recelos de sancionar a sus vecinos, que puedan tomar represalias en su contra», aseguran.
«Nos han quitado las competencias, pero no hay nueva formación para que otros las asuman. Y nosotros tampoco tenemos formación para nuestras nuevas responsabilidades. Estamos abandonados. Somos un recurso que queremos sumar, pero no nos dejan», critican, ante la llegada de una reforma estructural que, sin embargo, sigue dejando a los ciudadanos cada vez más lejos de la Justicia.
