Albert Rivera y José Ignacio Prendes, en el centro de la foto, con los representantes de las asociaciones de fiscales, Cristina Dexeus, de la AF, Salvador Viada, de la APIF, y Emilio Fernández, de la UPF.
Las 3 asociaciones de fiscales estuvieron presentes en el debate sobre la propuesta de C’s para reformar el Estatuto Fiscal que se vota hoy
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22/2/2018 06:20
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Actualizado: 22/2/2018 09:46
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Representantes de las tres asociaciones de fiscales -la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Independiente de Fiscales- se reunieron el pasado martes con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y con el portavoz de esa formación en la Comisión de Justicia -y vicepresidente del Congreso de los Diputados-, José Ignacio Prendes, antes del debate en el que se trató la tramitación parlamentaria de la proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1981, que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
«Se trataba de comentarles la iniciativa y explicarles el trámite parlamentario», según explicaron fuentes de la formación naranja a Confilegal.
La presencia de las tres asociaciones de fiscales no supuso su apoyo tácito a la propuesta de Ciudadanos, según explicó la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, a Confilegal.
«Nosotros no apoyamos esa propuesta porque no hubo ocasión de hablar de ello», precisó.
«Estamos de acuerdo con reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, pero no con este texto que no ha sido estudiado con el sosiego necesario. Fuimos porque cuando nos invita un grupo parlamentario para tratar de algo que nos atañe consideramos que hay estar. Pero eso es todo», añadió.
La misma aclaración realizó Emilio Fernández, de la UPF.
Ciudadanos propone que la elección del fiscal general del Estado la realice el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno.
El candidato tendría que someterse a una comparecencia previa ante la Comisión de Justicia -que también se realiza ahora, si bien no es vinculante- donde los señores diputados lo someterían a un interrogatorio “a la americana”. Si pasa esa prueba pasaría a votarse en la Cámara Baja.
El aspirante a fiscal general del Estado necesitará una mayoría de 2/3 de los votos (238 de los 350 diputados que conforman el Congreso de los Diputados).
PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA DEL ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL – CIUDADANOS
Se precisaría, eso sí, el informe del CGPJ. Y sería, igualmente, nombrado por el Rey.
Dentro de las reformas, la proposición de ley de Ciudadanos contempla la autonomía presupuestaria de la Fiscalía General del Estado, una reivindicación apoyada por el actual titular, Julián Sánchez Melgar, la extensión del mandato del fiscal general de los 4 años establecidos a 6, para romper el «cordón umbilical» con el Gobierno, y la conversión del Consejo Fiscal de un órgano asesor en un órgano decisorio.
En el caso de que el fiscal general del Estado tuviera que ser cesado, el procedimiento sería parecido. Se precisaría que 1/5 parte de los diputados así lo solicitaran (70) y que lo votaran 2/3 (238 diputados).
La votación para su toma en consideración tendrá lugar en el pleno previsto para hoy en el Congreso de los diputados .
Las tres asociaciones, que conocían bien esta iniciativa, estaban de acuerdo -con matices- con ella; su presencia era una prueba de apoyo tácito.
POCAS POSIBILIDADES DE QUE SALGA
La salida, de facto, de Ciudadanos de la Subcomisión para el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia, donde se está negociando un Pacto por la Justicia, hace que esta iniciativa tenga pocas posibilidades de salir. Lo que se puede entender como la aplicación del viejo dicho de «donde las dan las toman…».
Así se lo dejaron saber al grupo naranja los representantes del PP, PSOE, PNV, ERC y PDeCat durante el pleno del martes. Podemos anunció que lo apoyaría con el objetivo de enmendarlo.
El PP y el PSOE, de forma especial, reprocharon a Ciudadanos que pretenda impulsar una reforma del Ministerio Fiscal al margen de la subcomisión parlamentaria.
Además, los socialistas apreciaron «claros tintes populistas» en la iniciativa del partido naranja, mientras que los ‘populares’ la consideran una «reforma mediática».
José Ignacio Prendes, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Justicia, durante su intervención. EP.
Prendes, por su parte, ante la mirada atenta de los representantes de las asociaciones de fiscales, pidió el apoyo a la Cámara para tramitar la proposición de ley.
A su juicio, esta modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que plantea Ciudadanos tiene como objetivo «desanclar» al Ministerio Público del Ministerio de Justicia dotándole de «independencia orgánica, funcional y presupuestaria».
Tras apuntar que, según la Constitución, la función de la Fiscalía es defender la legalidad y el interés general, Prendes subrayó que esta institución no puede ser la «correa de transmisión entre el poder ejecutivo y los tribunales» y que es necesario sacarla del debate político en el que PP y PSOE la han utilizado para atacarse mutuamente.
El diputado recordó que la reforma de la Fiscalía está incluida en el acuerdo de investidura que firmaron el PP y Cs, en el punto 143, y por ello ha pedido al partido del Gobierno que «cumpla por una vez» y la apoye.
Además, señaló que su formación pactó una reforma similar con el PSOE antes de la investidura fallida de Pedro Sánchez.
EL PP ACUSÓ A CIUDADANOS DE «DESLEALTAD»
El diputado del PP, Francisco Molinero, anunció, por su parte, que su grupo no respaldará la proposición de ley, que calificó de «mediática», y acusó a Ciudadanos de actuar «con deslealtad, con incoherencia e incumpliendo los pactos» que suscribió con el PP.
Concretamente, les afeó que recientemente decidieran abandonar la subcomisión qdespués de que PP y PSOE rechazaran su planteamiento de que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados y no por el Congreso.
«Nos dejan con un año de trabajo tirado. Eso es una auténtica deslealtad», concluyó Molinero, que no entendía que al partido presidido por Albert Rivera le pareciera mal que los diputados decidan la composición del CGPJ y en cambio quiere que su voto sea determinante para nombrar o destituir al fiscal general del Estado.
«Fíjense la coherencia que tienen», añadió.
El diputado del PP afirmó que la propuesta de Cs pretende «vulnerar la Constitución» y que contiene «defectos y deficiencias relevantes», por lo que instó a Ciudadanos a volver a la subcomisión parlamentaria para alcanzar allí un consenso sobre el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
«NO ROTUNDO» DEL PSOE
En la misma línea, el representante del PSOE, Juan Carlos Campo, criticó que la formación naranja se fuera «a la francesa» de la subcomisión y adelantó «un no rotundo» del Grupo Socialista a su iniciativa sobre la Fiscalía.
Además, Campo manifestó que la propuesta de Cs no aborda cómo asegurar la «autonomía orgánica» del Ministerio Público y que su aprobación supondría «alterar todo el sistema democrático».
Respecto al nombramiento del fiscal general del Estado, defendió que sea «lógico» que «quien dirige la política interior», que es el Gobierno, sea quien lo designe.
El diputado Juan Carlos Campo explicando las razones del PSOE para oponerse a la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal.
En representación de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Eduardo Santos se mostró de acuerdo con Ciudadanos en que es necesario conseguir la «desconexión» de la Fiscalía respecto al Ejecutivo y en que hay que modificar la ley «con urgencia».
Eso sí, admitió que su grupo no coincide con la formación naranja en la forma de hacerlo porque su planteamiento «puede ser de una constitucionalidad dudosa», por lo que Unidos Podemos seguirá defendiendo que, para elegir al fiscal general, sea el Congreso el que proponga una terna entre la cual escoja al candidato con más mérito y capacidad.
LAS ACTUACIONES DE UNA FISCALÍA POLITIZADA
Los diputados de ERC, Ester Capella, y del PDeCAT, Lourdes Ciuró, también rechazaron la reforma de Cs por obviar los trabajos parlamentarios sobre el Pacto por la Justicia.
Además, arremetieron contra los ‘naranjas’ por decir que la Fiscalía está politizada y, sin embargo, apoyar las actuaciones de esta contra los líderes independentistas.
«Ciudadanos es palmero de la labor judicializadora de la política», manifestó Ciuró, mientras que Capella afirmó que «están encantados con el sistema inquisitorial» que ha enviado a prisión preventiva a varios políticos catalanes por impulsar el ‘procés’.
El diputado del PNV Mikel Legarda, tampoco compartió el modo de proceder de Cs, «al margen de los trabajos de la subcomisión»: cree que actúa con «oportunismo político» en vez de buscar el consenso. También censuró el contenido de la iniciativa, afirmando que «no deja de ser un trágala, un ‘o lo tomas o lo dejas'».
Por último, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, pronosticó que este tema «tiene visos de acabar como el rosario de la aurora» porque la actitud parlamentaria es «de enconamiento y de enfrentamiento», y señaló que una reforma de este calado precisa de «los mayores y más amplios acuerdos». Con información de EP.
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