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Ciudadanos apuesta porque el Ministerio Fiscal tenga independencia económica y presupuesto propio

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y Nacho Prendes, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, durante la rueda de prensa en la que presentaron la proposición de Ley. Carlos Berbell/Confilegal.
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El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó ayer, acompañado de Nacho Prendes, las líneas generales de la Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de las que destaca una, reivindicada por las tres asociaciones de fiscales y calificada como esencial por todas ellas: la independencia económica de la Fiscalía; dejar de depender para siempre del Ministerio de Justicia, como ocurre ahora, y administrar su propio presupuesto.

“El Ministerio Fiscal tendrá autonomía presupuestaria, no sólo funcional”, prometió Rivera. “Creemos que la autonomía presupuestaria que tienen algunos organismos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo, potenciará la eficacia de la Fiscalía a la hora de trabajar porque no dependerán de lo que le den. Ellos mismos se administrarán su dinero. Es verdad que en el presupuesto actual, Ciudadanos ha propuesto un incremento para la Justicia y para la Fiscalía. Pero más allá de que negociemos ese incremento presupuestario, lo que queremos es que quede claro cuál es la partida presupuestaria de la Fiscalía y que nadie pueda cortarle las alas a sus investigaciones”.

Rivera dijo, en el curso de la rueda de prensa que dio en el Congreso de los Diputados, que habían escuchado a la Asociación de Fiscales, a la Unión Progresista de Fiscales y a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, cuyos representantes comparecieron el pasado 24 de mayo ante la Subcomisión de Justicia. 

“Para comprar un simple lápiz hay que llamar al ministro. Aunque el Parlamento pudiera nombrar al fiscal general del Estado de nada serviría ese cambio si la Fiscalía no dispone de presupuesto propio. No serviría de nada”, dijo entonces María de las Heras García, vocal del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

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Un mandato de 6 años para el fiscal general del Estado

El líder de Ciudadanos también propone en la proposición de ley, que presentaron ayer ante el Registro del Congreso, que el mandato del fiscal general del Estado pase de 4 a 6 años.

“¿Por qué? Porque de esta forma rompemos el cordón umbilical. Por lo tanto, no va atado al mandato del Gobierno, como ocurre con otros órganos constitucionales. De esta forma, dejará de ser el fiscal general del Gobierno y pasará a ser, de verdad, el fiscal general del Estado”, explicó.

También se exigirá que el candidato tenga 25 años de ejercicio profesional, en vez de los 15 actuales, “lo que conferirá una mayor legitimidad al fiscal general del Estado”.

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PROYECTO DE LEY PARA DESCARGAR: PL Reforma Ministerio Fiscal

Propuesto por el Gobierno pero votado por el Congreso

En la actualidad, el fiscal general del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno -con propuesta previa del ministro de Justicia-, previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ciudadanos propone un nuevo método, respetuoso con la Constitucion: el Gobierno propone a su candidato, el cual tendrá que someterse a una comparecencia previa ante la Comisión de Justicia donde los señores diputados lo someterán a un interrogatorio “a la americana”. Si pasa esa prueba pasaría a votarse en la Cámara Baja.

El aspirante a fiscal general del Estado necesitará una mayoría de 2/3 de los votos (238 de los 350 diputados que conforman el Congreso de los Diputados).

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Se precisaría, eso sí, el informe del CGPJ. Y sería, igualmente, nombrado por el Rey.

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Este sistema de “hearing” (vista), como lo definió Rivera, no es nuevo. Ya se produce con los candidatos a vocales del CGPJ, precisamente.

En el caso de que el fiscal general del Estado tuviera que ser cesado, el procedimiento sería parecido. Se precisaría que 1/5 parte de los diputados así lo solicitaran (70) y que lo votaran 2/3 (238 diputados).

Todo por escrito

Rivera considera que todas las comunicaciones con los fiscales deben hacerse por escrito.

“Nos parece fundamental que cualquier comunicación entre el fiscal general del Estado, el Gobierno o el Congreso se hagan por escrito. ¿La razón? Por lo que hemos visto en el caso Moix. Un caso en el que el ministro de Justicia le da instrucciones a un fiscal para que no acuse en Murcia o en donde sea. Queremos que se proteja el estatuto del que deben gozar los fiscales. Esto también es una ruptura de ese cordón umbilical entre el fiscal general del Estado y el Gobierno de turno. Si esta medida hubiera estado vigente no habría habido caso Moix”, señaló.

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Un Consejo Fiscal con poder

En los nombramientos que se tengan que hacer el Consejo Fiscal dejara de ser un órgano asesor para convertirse en un órgano decisorio. Los nombramientos que haga el fiscal general del Estado tendrán que ser ratificados por mayoría cualificada del Consejo Fiscal, “no como ahora que todos los nombramientos para cargos en la carrera fiscal los hace el Gobierno, a propuesta del fiscal general del Estado”.

De la misma manera, Ciudadanos propone garantizar la pluralidad y representatividad del Consejo Fiscal. “Estará compuesto por 11 miembros: el fiscal general del Estado, el teniente fiscal del Tribunal Supremo y 9 fiscales elegidos directamente por los propios fiscales”.

El vigente está compuesto por 12 miembros, el fiscal general del Estado, el teniente fiscal, el fiscal Inspector Jefe y 9 fiscales. Los tres primeros son miembros natos.

Mérito y capacidad

En la propuesta de reforma de la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de Ciudadanos, se contempla también fortalecer la aplicación de los criterios de mérito y capacidad en la carrera fiscal, reforzando reforzando el papel efectivo de la Sección Permanente de Valoración, que centralizará toda la información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, y emitirá informe valorando los candidatos para cada nombramiento. Los ascensos responderán exclusivamente a criterios de mérito profesional.

Por último, según Rivera, “se fortalecerá la aplicación de los criterios de mérito y capacidad en la carrera fiscal, reforzando el papel efectivo de la Sección Permanente de Valoración, que centralizará toda la información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, y emitirá Informe valorando los candidatos para cada nombramiento”.

“Los ascensos responderán exclusivamente a criterios de mérito profesional”, concluyó.