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Las 3 asociaciones de fiscales reclaman independencia económica y presupuesto propio para la Fiscalía General del Estado

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Las tres asociaciones de fiscales coincidieron ayer en reivindicar la necesidad de que la Fiscalía General del Estado tenga independencia económica y presupuesto propio para poder actuar con la máxima eficacia. Y lo hicieron ante la Subcomisión para el estudio y la definición de una Estrategia Nacional de Justicia del Congreso de los Diputados, que preside Margarita Robles. 

“Para comprar un simple lápiz hay que llamar al ministro. Aunque el Parlamento pudiera nombrar al fiscal general del Estado de nada serviría ese cambio si la Fiscalía no dispone de presupuesto propio. No serviría de nada”, afirmó con rotundidad en su intervención María de las Heras García, vocal del Secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

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“Los fiscales no tenemos los mismos medios en toda España. Porque están descentralizados. Tampoco los sistemas informáticos de gestión son los mismos. No podemos comunicar entre nosotros. En mi fiscalía, en Barcelona, un día no teníamos papel para fotocopias. Fíjense ustedes. Estoy hablando de papel”, declaró por su parte Concepción Talón Navarro, presidente de la Asociación de Fiscales (AF).

Una idea sobre la que también elaboró Miguel Pallarés Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional e Independencia de Fiscales (APIF), que, dirigiéndose a los diputados miembros de la subcomisión les expetó: “¿No pueden ustedes plantear que tengamos un solo sistema de gestión procesal en toda España? Esto es de locos, cuando en Hacienda, apretando un botón, les pueden decir los zapatos que me compré ayer”.

El nombramiento del fiscal general del Estado

Los representantes de la AF, la UPF y la APIF también coincidieron en reclamar, antes los diputados que componen la citada Subcomisión, que el fiscal general del Estado deje de ser nombrado directamente por el Gobierno y apostaron porque en ese proceso participe el Parlamento, lo que contribuiría a cambiar la percepción de politización de la institución que tiene la ciudadanía.

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Esto requeriría la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

De las Heras propuso, por su parte, que el mandato pasara de 4 a 5 años, para que no coincidiera con el gobierno de turno.

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Actualmente es nombrado por el Ejecutivo y cesa cuando llega a su fin el gobierno.

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Pallarés, por su parte, propuso que el fiscal general del Estado fuera elegido por el Rey –como ahora- a propuesta del presidente del Gobierno pero con el apoyo de una mayoría de 2/3 de la Cámara Baja (233 diputados).

Margarita Robles, la presidenta de esta Subcomisión -y de la Comisión de Justicia-, la segunda por la derecha, dirigiéndose a los intervinientes en la Sala Ernest Lluch, que es donde tuvo lugar la comparecencia. Congreso.

Un Consejo Fiscal con más competencias

La presidenta de la AF opinó que el Consejo Fiscal no debería limitarse a ser un “órgano de asesoramiento”, como hasta ahora. “Las votaciones tendrían que ser vinculantes para el fiscal general del Estado”.

De las Heras, por su parte, abogó por potenciar las Juntas de Fiscales y porque sus decisiones igualmente fueran vinculantes, para “que el jefe no pueda imponerse al resto”.

El portavoz de la APIF fue más allá, pidiendo “autonomía en el nombramiento de los fiscales”.

“Imaginense ustedes un caso que les habría encantado: el fiscal general del Estado remueve al señor Moix [Manuel Moix, fiscal jefe Anticorrupción]. El procedimiento de remoción no es un procedimiento sancionador, ni nada. El fiscal general del Estado  simplemente pierde la confianza en él, informa al Consejo Fiscal y lo cesa”, explicó.

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“Bien, ¿pero cómo lo cesa? ¿Quién creen ustedes que publica el cese? Imaginen que el fiscal general del Estado le dice al Gobierno que quiere cesar a Moix. El Gobierno se puede negar. ¿Ustedes creen que eso es autonomía? ¿Que nuestro sistema no permita que los nombramientos de los fiscales jefes sea exclusivo del fiscal general del Estado? ¿Creen que eso es lógico?”.

La instrucción por los fiscales

Las tres asociaciones estuvieron de acuerdo también en el cambio del sistema procesal previsto, en el que los fiscales sustituirán a los jueces en la instrucción.

Sin embargo, recalcaron que no era un mero cambio cosmético.

“No hablamos de la sustitución de un juez instructor por un fiscal instructor. No es eso. es un juez investigador. Para ello, hay que reformar el sistema de recursos. Un recurso de apelación hoy puede tardar en resolverse en la Audiencia un año y pico. Hay que suprimir recursos sin dejar indefensas a las partes”, afirmó Talón Navarro.

A lo que añadió Pallarés: “Un fiscal investigador que tendría, para su asistencia, a peritos, forenses y policía judicial. Un fiscal con plena soberanía, autonomía, independencia y garantías”.

Plano general de la Subcomisión de Justicia. Congreso.

Acusación popular

También en lo relativo a la acusación popular, los representantes de las tres asociaciones coincidieron. Quieren una reforma de la institución para, según De las Heras, “que no sea utilizada con motivos espurios. Hay que regularla para evitar los abusos”.

“Sería muy radical eliminar la acción popular y la acusación particular. Pero se pueden poner límites para llegar a un punto apropiado y correcto”, aseguró Talón Navarro a los señores diputados.

Sobre la eficacia del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece los plazos de instrucción de 6 meses para las causas simples y 18 meses para las complejas, tanto la AF, como la UPF y la APIF, opinaron que habría que derogarlo.

También criticaron la transformación de las faltas en delitos leves, “un mero cambio de nombre”, según De las Heras.

Control de las filtraciones

La presidenta de la AF defendió, por último, la necesidad de combatir las filtraciones de asuntos que están sub judice.

“En principio todos los sumarios son secretos para los que forman parte del mismo. Pero resulta que se filtra todo, incluso los que se declaran secretos, a los que no tienen acceso los abogados. ¿Qué solución hay que buscar a eso? Estos días se ha hablado de soluciones en otros países. No estamos proponiendo que se mate al mensajero, pero tenemos que intentar que no salgan esas filtraciones”, dijo Talón Navarro.

“Con eso se están haciendo juicios paralelos que están quebrantando la imagen pública de las personas afectadas cuando, a lo mejor, eso no llega a ningún lado”, agregó. “Y por otra parte se impide que se desarrollen con normalidad las investigaciones. Es un problema grave. Muy importante. Perjudica de forma muy importante a la institución”.