La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planea aprobar un reglamento restrictivo para las VTC (Autorización de arrendamiento de vehículos con conductor) en el pleno del Área Metropolitana de Barcelona que se celebrará este 27 de febrero. El reglamento se aprobaría en plena celebración del World Mobile Congress cuyos organizadores había planteado sus temores ante un boicot por parte del sector del taxi de la Ciudad Condal. La normativa exigirá una licencia municipal y la aplicación estricta del criterio de 1 VTC por cada 30 taxis tradicionales establecida en el reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) de 2015.
Cada vehículo contará con una licencia individual y se exigirá un seguro acorde a la legislación municipal. Además, deberán estar al día en fiscalidad, laboral y legislación medioambiental. También deberán de tener los vehículos adaptados a personas con movilidad reducida. Todos los que cumplan los requisitos entraran en un sorteo. Porque más de la mitad quedarán fuera. Este mes de febrero había 10.460 licencias de taxi en Barcelona. Aplicando el criterio 1/30 sólo se podrían otorgar 348 licencias y actualmente hay operando 799.
“Paradójicamente, la alcaldesa social dejará en el paro a 450 familias por presiones de unos profesionales instalados que trabajan en condiciones más cómodas”, opina Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho financiero, societario y europeo. “En nuestra opinión, el reglamento vulnera el principio de competencia de la UE”, añade Navas, quien considera que la misma regulación municipal del taxi vulnera el principio europeo de la libre competencia. “¿Por qué el Ayuntamiento decide el número de licencias de taxi y no el número de bares, pastelerías o peluquerías?, se pregunta Navas.
La regulación pretendida, es además “asimétrica”, denuncia Navas. “A los titulares de las licencias VTC se les impide la transferencia de su licencia para evitar la especulación; ¿pero es que no existe especulación con las licencias del taxi en Barcelona?”, se pregunta. Además, en el caso de las VTC el ‘reglamento Colau’ prohíbe que haya más de un conductor por licencia, exigencia que no tienen las licencias de taxi.
A juicio de Navas, la mejor manera de terminar con la especulación es “abrir el mercado” y permitir que sea este quien se autorregule. “El mercado es mucho más sabio que Colau o que cualquier de nosotros y decidirá qué número de licencias -de taxi y/o de VTC- son las adecuadas”, concluye el socio-director de navascusi.com
Se plantea además un problema de retroactividad. ¿Qué pasará con aquellos profesionales que actualmente gocen de una licencia y les sea retirada por la nueva regulación? El catedrático de Derecho Administrativo, Avelino Blasco, asesora al consistorio en su decisión y muestra ejemplos comparados donde situaciones similares se produjeron en el pasado. “Se cumplirán los requisitos de no discriminación, necesidad y proporcionalidad”, señala en su informe. “No hay duda de que el Ayuntamiento deberá de indemnizar a los perjudicados haciendo esta decisión gravosa para los ciudadanos de Barcelona”, señala Navas.
Pero sobre todo, el reglamento Colau tendrá que responder a dos importantes contingencias. La primera, el incumplimiento de la Ley de Unidad de Mercado al exigir en Barcelona una licencia específica que -de momento- no exige ningún ayuntamiento. Si el ejemplo cunde, “obligaría a los conductores VTC a trabajar con 8000 licencias bajo el brazo”, denuncia la patronal de VTC, Unauto.
“Muchos ayuntamientos estudian ya medidas similares para tratar de congraciarse con los taxistas de sus ciudades, generadores de opinión pública”, señala Navas.
Por otra parte, el Supremo examinará el próximo 17 de abril la ratio 1/30 establecida en el ROTT. Desde el sector lo consideran una “recomendación”. Si el Supremo anula la ratio, el reglamento del Área Metropolitana de Barcelona resultaría contradictorio con la legislación nacional.
Sostenibilidad medioambiental
En cuanto a la “sostenibilidad medioambiental”, Navas recuerda que el Tribunal de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la demanda de Alcorcón contra las medidas restrictivas al tráfico establecidas por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. “Limitar la movilidad es limitar la actividad; si el objetivo de Colau es enfriar la ciudad, lo está consiguiendo; pero eso es menos trabajo y más paro. La contaminación se reduce mejorando la calidad y la frecuencia del servicio público”, concluye Navas.
Es casi seguro que el reglamento anti-VTC de Colau acabará en los tribunales. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la patronal Unauto y quizás el mismo gobierno central lo recurrirán. Y pedirán la suspensión de la regulación como medida cautelar. En caso de que no lo concedan, el daño se estima en dos millones de euros mensuales. “Un dinero que saldrá del bolsillo de los ciudadanos ante una decisión arbitraria que sólo beneficia a unos pocos”, lamenta el socio-director de navascusi.com
