De izda a derecha, José Manuel Campos y Juan Rosell, presidente de CEOE, Rafael Catalá, ministro de Justicia, Valentin Pich, presidente Consejo de Economistas y Pascual Fernandez, decano del Colegio de Economistas de Madrid.
El cuello de botella de los juzgados de instrucción y la especialización de los jueces, claves de mejora en la Justicia
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07/3/2018 06:15
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Actualizado: 06/3/2018 21:24
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Expertos juristas, empresarios y economistas coinciden en señalar la alta litigiosidad, la falta de recursos y la complejidad normativa como los principales problemas de la Administración de Justicia.
Entre las posibles soluciones: la redefinición de la planta judicial y el modelo de juzgado, dotar a la Justicia de más medios, incrementar el uso de nuevas tecnologías, potenciar el principio de seguridad jurídica y fomentar la mediación.
En un acto organizado en la sede de la patronal CEOE, donde participó, junto con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente de esta entidad Juan Rosell y el recientemente reelegido presidente del Consejo General de Economistas, Valentin Pich, presentaron las conclusiones del encuentro que tuvo lugar en la Universidad Menéndez Pelayo sobre la implicación de la justicia en el funcionamiento de la economía se analizaron los problemas de nuestra justicia.
En su intervención, el ministro Catalá señalo que “el vínculo entre Economía y Justicia es un tándem robusto, ya que la seguridad jurídica favorece la atracción de inversiones”.
Desde su punto de vista, en este sentido, es muy importante seguir avanzando en el frente tecnológico, profundizando en la justicia digital.
Buena prueba de ese camino emprendido es que el año pasado se contabilizaron 80 millones de comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia.
“Todo un éxito –afirmó Catalá–, pero hemos de seguir trabajando para culminar la transformación tecnológica de la Justicia”, llegó a comentar pese a las críticas que ha recibido de operadores jurídicos por los fallos del sistema tan continuados.
Otro de los aspectos por los que, según el ministro, hay que seguir apostando es el de las soluciones extrajudiciales antes de acudir a los tribunales.
“Debemos fomentar la mediación, el arbitraje y la jurisdicción voluntaria”, afirmó el ministro de Justicia sin concretar nada.
Y puso como ejemplo los asuntos resueltos desde la aprobación de la Ley de Jurisdiccion Voluntaria, aprobada en el 2015, que da potestad a notarios, registradores y letrados de administracion de justicia para resolver ciertos asuntos que no necesiten intervención judicial
“A día de hoy, 500.000 asuntos que antes hubiesen sido gestionados en la Administración de Justicia ante los tribunales, hoy están siendo resueltos mediante los procedimientos que ha creado la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, concluyó el ministro de Justicia.
Leyes más claras
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, señalo, por su parte, que “dentro de los principales factores que los inversores tienen en cuenta a la hora de apostar por un país están la existencia de una legislación clara, práctica y razonable.
En opinión de Rosell, “nuestro sistema judicial y la calidad de nuestra regulación son claves para valorar nuestra competitividad como país, y merecen y tienen toda la atención del sector empresarial que representamos”.
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, se congratuló de que en 2018 se vaya a implantar también la plataforma digital LexNET para todos los administradores concursales, reivindicación que el colectivo de economistas ha estado impulsando en los últimos años, que redundará en una mayor eficiencia en la gestión de los concursos de acreedores.
Asimismo, y referido al tema concreto de la reforma concursal como vía para la reflotación de empresas, Pich manifestó que “uno de los aspectos a tener en cuenta en esta reforma pasa por replantear el papel privilegiado de los créditos públicos en los acuerdos de refinanciación, ya que la tendencia a la baja en la utilización de este tipo de acuerdos –a los que no está obligados a concurrir el crédito público– (un 24% menos en 2017, según datos del Registro de Economistas Forenses, REFOR,), hace pensar que la pequeña y mediana empresa en nuestro país no ve en ellos una solución a sus problemas de solvencia”.
Necesidad de más medios y reformas estructurales
En este acto intervinieron Pascual Fernández, director del Encuentro y decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid, y de José María Campos, director de Régimen Interno y Legal de la CEOE, quienes expusieron las conclusiones del citado Encuentro.
Fernández –quien, además, fue el encargado de compilar y sistematizar las conclusiones y de desarrollar (en base a las aportaciones de los ponentes del encuentro) un conjunto de medidas destinadas a agilizar el funcionamiento de la Justicia en cuanto a su organización– señaló la necesidad de “mejorar el funcionamiento de la primera instancia, que es el cuello de botella del sistema, donde se debe reformular el modelo de Juzgado para hacerlo más ágil”.
Así mismo, Fernández cree necesario “crear más juzgados especializados y dotar a la Justicia de más medios personales –jueces y fiscales– y materiales, ya que la justicia digital está avanzando, pero no todo lo deprisa que nos gustaría”.
En su intervención José María Campos señaló que “es necesario completar la modernización de nuestra Justicia con una actividad legislativa que incentive que las partes resuelvan sus conflictos sin necesidad de acudir al litigio, tal y como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno que sufrían este mismo problema”.
“Entre todos debemos buscar reducir esta litigiosidad”, remachó.
Fernández y Campos, tras analizar las fortalezas y debilidades de nuestro sistema judicial, plantearon 14 propuestas de mejora de la Administración de Justicia englobadas en tres grandes grupos: reformas dirigidas a agilizar el funcionamiento de la Justicia, reformas dirigidas a desincentivar la litigiosidad y reformas de la legislación concursal.
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