Uber ha recurrido ante el Tribunal Supremo los últimos requisitos que el Ministerio de Fomento ha articulado para las empresas de alquiler de vehículo con conductor (VTC), los aprobados por Real Decreto en diciembre de 2017, según la patronal de taxistas Fedetaxi, personada personado en el proceso.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) previsiblemente recurrirá también esta normativa ante el Supremo ya que que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha avanzado que no atenderán a la petición del ‘superregulador’ de derogar las nuevas normas.
Se trata así de la segunda ocasión en que la normativa sobre VTC acaba en el Tribunal Supremo, dado que aún está pendiente de resolver el recurso presentado por la CNMC contra las medidas que el Gobierno aprobó en 2015. En ese momento se impuso el límite por el que sólo se puede otorgar una licencia para estas empresas por cada treinta que se den a los taxistas.
En cuanto a este gremio, la primera patronal del sector Fedetaxi informó de que ya se ha personado contra el recurso interpuesto Uber, en el que esta empresa solicita además como medida cautelar la suspensión de la aplicación de las nuevas normas de Fomento.
El recurso de Uber se presenta mientras que la CNMC ha realizado un requerimiento al Gobierno para que anulara estas últimas medidas para las VTCs al considerar que no están justificadas, que obstaculizan la competencia y que perjudican a los usuarios.
En su requerimiento, la comisión ya adviritió de que recurriría de nuevo a los tribunales en caso de que no se derogaran.
No obstante, De la Serna ya avanzó el pasado martes la intención del Gobierno de responder a la CNMC «en defensa de las medidas aprobadas por Real Decreto, al considerar que no vulnera norma alguna de competencia».
El Gobierno aprobó estas medidas diseñadas por el Ministerio de Fomento después de que durante todo el pasado año los taxistas llevaran a cabo distintos paros y movilizaciones en protesta por la competencia desleal que, según asegura, plantean las empresas de VTC.
Así, con estos nuevos requisitos, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna pretendía facilitar la convivencia de los dos tipos de transporte urbano, sobre todo ante las miles de licencias de VTC que se otorgarán en los próximos meses como consecuencia del vacío legal que el sector registró entre 2011 y 2015.
En concreto, en virtud del Real Decreto aprobado en diciembre, el Gobierno impuso a las empresas de VTC la prohibición de vender licencias durante los dos años siguientes a su consecución. Además, les obligó a dar cuenta en un registro público de todos los servicios que realicen. EP.
