Uno de los objetivos es el secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, Antoni Molons, cuya vivienda, en Sant Joan d’Espí, y despacho oficial, en el Palau de la Generalitat, también estarían siendo registrados. El alto cargo está presente durante los registros y será una vez finalizado cuando, probablemente, le sea confirmada su detención por un delito de malversación de fondos.
Molons declaró anteriormente sobre las campañas de publicidad para animar a participar en el referéndum que había suspendido el Tribunal Constitucional y luego declaró ilegal.
Las campañas de publicidad en medios de comunicación sobre el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre tuvieron un coste 502.639 euros, según la investigación preliminar de la Guardia Civil.
El Instituto Armado ha analizado facturas y tomado diversas declaraciones de altos cargos y empresarios para rastrear el dinero público usado con tal fin tanto en el anuncio emitido por TV3 como para la campaña previa sobre el registro de catalanes en el extranjero. (EP)
