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Lesmes comunica a las asociaciones que con la huelga general no se conseguirá nada

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“En mi opinión, con la huelga general fijada para el 22 de mayo no se conseguirá nada”. Con esta claridad se lo comunicó el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, a los líderes de las cuatro asociaciones de jueces durante la reunión que mantuvieron ayer, por espacio de dos horas y media, en la sede del órgano de autogobierno de la carrera judicial.

El pasado 5 de marzo, las asociaciones de jueces y las 3 de fiscales acordaron llevar a cabo, de forma progresiva, una serie de medidas de protesta que culminarían el 22 de mayo próximo con una huelga general de los 5.500 jueces y los 2.407 fiscales de toda España si el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) siguen mano sobre mano, sin hacer nada, como hasta ahora.

La reunión, que se celebró a petición de Manuel Almenar, por la Asociación Profesional de la Magistratura; Raimundo Prado, por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria; Ignacio González Vega, por Juezas y Jueces para la Democracia; y Concepción Rodríguez, por Foro Judicial Independiente, abordó un abanico extenso de asuntos: Desde las 50 enmiendas a la Proposición de Ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), las cargas de trabajo, retribuciones, justicia digital, los juzgados de cláusulas suelo, los nombramientos y la entrega de despachos a la 67 Promoción.

Por parte del CGPJ, participaron los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ –Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández, Concepción Sáez, Mario Macías y Pilar Sepúlveda– y los vocales responsables de las cláusulas suelo, Mar Cabrejas y Gerardo Martínez Tristán.

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Sobre las 50 enmiendas a la LOPJ, Lesmes se mostró muy crítico porque parte de las enmiendas restan competencias al CGPJ sin haberles oído previamente.

En lo que se refiere a las retribuciones, el presidente del Consejo -que llevó la voz cantante durante casi todo el tiempo- se ofreció para apoyar reclamaciones y demandas “racionales”.

Desde su punto de vista, aún reconociendo que la carrera judicial ha sufrido mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones y ha soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo, mientras que la planta judicial apenas ha experimentado crecimiento y ha desarrollado su actividad con limitados recursos humanos y materiales, una subida lineal de las retribuciones de los jueces y magistrados no es razonable porque eso arrastraría a toda la función pública y por eso el Gobierno no va a pasar.

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REGLAMENTO DE RETRIBUCIONES VARIABLES

Por ello, anunció que el CGPJ ha iniciado los trámites para la aprobación definitiva de un nuevo Reglamento de retribuciones variables que, una vez aprobado, determinará este componente de la remuneración de los miembros de la Carrera Judicial, vinculado al rendimiento individual acreditado por cada juez o magistrado en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales y profesionales.

En la actualidad se está pagando alrededor del 1,8 por ciento. Con dicho Reglamento en vigor, la retribución variable podría llegar al 5 por ciento, dependiendo de la productividad. Pero para ello es preciso que se delimite la carga de trabajo previamente.

Una carga de trabajo independiente de la carga de trabajo de salud laboral, que las asociaciones han venido reivindicando también.

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La solución no ha sido recibida con desagrado por algunas de las asociaciones de jueces, que no entienden el porqué no se define de una vez por todas las cargas de trabajo que dieron pie a la demanda ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

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“Esto comienza a ser como la película de ‘El día de la marmota’. Una reunión más para seguir hablando de lo mismo sin llegar a ningún acuerdo”, explicaron algunos de los asistentes a Confilegal.

En lo relativo a la implantación de la Justicia digital en territorio Ministerio (las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia y Baleares), el Consejo dijo compartir la preocupación de las asociaciones por las dificultades observadas en este proceso.

En ese sentido, el CGPJ anunció que valorará llevar a cabo –a través del Servicio de Inspección con la debida asistencia técnica- una auditoría para comprobar si, desde la perspectiva del trabajo del juez, el sistema de expediente digital facilita las tareas y mejora la productividad final en el estudio y la resolución de los expedientes del titular del órgano judicial.

Los vocales Martínez Tristán y Cabrejas explicaron, por su parte, que el 30 de junio próximo evaluarán el funcionamiento de los Juzgados de cláusulas suelo -recurridos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo el Consell D’Advocía Catalana, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el Colegio de Abogados de Ávila y 5 jueces, los titulares de los Juzgados de Primera Intancia de Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba y Almería y la OCU-.

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Por último, trataron sobre los recientes nombramientos al Tribunal Supremo, que fueron muy criticados por el líder de JJpD y “defendidos” por Martínez Tristán, quien también tuvo que sufrir las críticas de su compañera Concepción Sáez, que se puso de parte de Ignacio González Vega.

Lesmes convocó, para el próximo 22 de marzo, una nueva reunión, por la tarde, en la sede del CGPJ, que coincidirá, en el mismo día, con la que hay prevista con el Ministerio por la mañana, a la que no asistirá -como así avanzó- la AJFV.