La ya conocida como “Marea gris”, inundaba este sábado las calles de las principales ciudades españoles. Jubilados, pensionistas y acompañantes han reclamado unas pensiones públicas digas, en esta jornada de protesta convocada por organizaciones y sindicatos.
Para cerca de un millón de estos ciudadanos, según un estudio de la Asociación de Directores y gerentes de Servicios sociales, el coste de su situación de dependencia sería un coste imposible de asumir. Ese coste puede superar los 1.000 euros para un pensionista que no llega a a esa cantidad en su pensión. Al mismo tiempo el copago de la dependencia ya supera el 20% de la financiación del sistema.
Las marchas más numerosas se han celebrado en Barcelona y Madrid, pero también ha habido manifestaciones multitudinarias en grandes ciudades como Sevilla, Bilbao, Málaga, Murcia, Santander y Zaragoza, entre otras.
En Barcelona, la manifestación ha discurrido por el centro hasta la sede de la Delegación del Gobierno, y ha contado con la participación de 30.000 personas, según la Guardia Urbana, unas 100.000 según los organizadores.
En Madrid, donde los sindicatos han estimado la participación de medio millón de personas, los manifestantes han desafiado la lluvia y el aguanieve y han recorrido las calles desde Sol hasta la plaza del Museo Reino Sofía, donde se ha leído el manifiesto final.
Para José Manuel Ramírez, portavoz de esta asociación de expertos en el Tercer sector, sorprende la propuesta ambigua del Gobierno en materia de pensiones “un incremento sin concretar de las pensiones más bajas y de las de viudedad (en función de la aprobación de los PGE de 2018), así como reducir el IRPF a jubilados “de más edad”, atendiendo a la evidencia de que la avanzada edad vaya asociada a situaciones de dependencia”.
A juicio de este experto “sorprende esta propuesta de un Gobierno que, de manera sistemática, se niega a aportar financiación al Sistema de Atención a la Dependencia, en una actitud de insumisión ante una Ley que contempla estas situaciones”.
Desde este colectivo se explica la situación actual donde tres de cada cuatro personas que han sido valoradas como “dependientes”, tienen más de 65 años, más de un millón de pensionistas.
Y que hay 310.000 personas en lo que llamamos “Limbo de la Dependencia”, personas que, teniendo reconocida su situación de dependencia y el derecho a recibir las consiguientes atenciones, no las están recibiendo.
“Es decir, más de 250.000 pensionistas en situaciones de dependencia, que están si atender, a expensas de sus propios ahorros o a cargo de sus familiares”, destaca Ramírez.
Una plaza en residencia tiene un coste no inferior a los 1.200 euros en el mejor de los casos, y en muchas ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, es difícil encontrar por menos de 1.800 ó 2.000 euros. Teniendo en cuenta que más de la mitad de los pensionistas en España cobran menos de 1.000 euros , los costes que un jubilado en situación de dependencia tiene que asumir pueden estar entre 800 y 1.000 euros por encima de su pensión.
Si decide seguir viviendo en su casa, y tiene que contratar alguien que se ocupe de él, estos costes pueden incluso incrementarse. Salvo, claro, está, que los cuidados los asuma a tiempo completo alguien de su familia que, en el 94% de los casos, será una mujer (hija, esposa, hermana, nuera…) con los consiguientes costes para su vida personal y laboral.
Falta atención jubilados destruye empleos directos
Para Ramírez “a desatención de más de 250.000 jubilados en situaciones de dependencia supone además que no se activan casi 80.000 empleos directos o, lo que es lo mismo, 80.000 cotizantes, una cifra nada despreciable para mantener el sistema de Seguridad Social y, por consiguiente, las propias pensiones presentes y futuras, a la que habría que añadir el empleo inducido por esas decenas de miles de nuevos trabajadores”.
Y recuerda que “uno de los efectos de los recortes del primer Gobierno de Rajoy en julio de 2012, fue acabar con la financiación de la Seguridad Social de las cuidadoras familiares y no profesionales de los dependientes. 170.000 personas, casi todas ellas mujeres, dejaron de ser cotizantes a la Seguridad Social”.
Ahora que tanto se habla de sostenibilidad del Sistema de las Pensiones y de su financiación, cumplir la Ley de la Dependencia y atender a los más de 250.000 pensionistas que, con el derecho reconocido, están a la espera de recibir las atenciones correspondientes, además de avanzar en oportunidades de igualdad de cientos de miles de mujeres, supondría la incorporación de nuevos empleos directos, cerca de 80.000 y recuperar 50.000 cotizantes, revirtiendo el recorte de julio de 2012, ahora que la economía parece que se ha recuperado.
Por todo ello, “animamos tanto a pensionistas como a los colectivos defensores de la igualdad entre hombres y mujeres, que incluyan en sus reivindicaciones la de exigir al Gobierno Central que cumpla sus compromisos de financiación de la Ley de la Dependencia (actualmente solo financia el 18%), para atender a los 250.000 jubilados valorados como dependientes y que no reciben ninguna prestación o servicio”.
Desde esta asociación de expertos en servicios sociales tienen claro que “una forma efectiva de revalorizar su pensión cuando se enfrentan a estas situaciones. Primero cumplan la Ley, y luego hagan las ofertas electoralistas de reducción del IRPF que quieran para los pensionistas “de más edad”.
