Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han convocado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga en la administración de justicia si el Ministerio no negocia unas «retribuciones y condiciones dignas» que pasan por la equiparación salarial con las comunidades con las competencias transferidas.
Así lo han anunciado hoy en rueda de prensa los responsables de justicia de los cuatro sindicatos representativos en la mesa sectorial en el ámbito nacional, que han recordado que los funcionarios de este sector dependientes del Ministerio llevan más de 10 años sin ver actualizadas sus retribuciones a pesar de que han aumentado las cargas de trabajo en los órganos judiciales.
Estos sindicatos han convocado un calendario de concentraciones que comenzará mañana a las 12.00 horas ante la sede central de la Audiencia Nacional en Madrid y en las capitales de provincia de las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en este área, es decir Extremadura, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Ceuta y Melilla.
El presidente del Sector Nacional de Justicia de CSIF, Francisco Lama, ha explicado que, además de la movilización se continuará el próximo 4 de abril con una concentración frente a la sede del Ministerio de Justicia y la semana siguiente entre los días 5 y 13 de dicho mes con movilizaciones en las capitales de provincia de forma interna. «El ministro nos ha dado de lado, vamos a salir a la calle y, lo quiera o no, ahora nos va a escuchar», ha dicho Lama.
Los sindicatos han anunciado que si el Ministerio que dirige Rafael Catalá no abre una negociación, convocarán una huelga general en justicia.
Sus representantes han explicado que los funcionarios de justicia de dichas comunidades, así como el personal de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Nacional de Toxicología, dependientes del Ministerio, cobran alrededor de 500 euros brutos menos al mes respecto a los de las comunidades con estas competencias transferidas.
Los sindicatos también se movilizan en contra de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial «por los perjuicios que supondrá en las condiciones laborales del personal de la justicia«, pues advierten de que «la reforma pretende, entre otros aspectos, suprimir los actuales centros de destino, lo que supondrá la movilidad forzosa».
En un comunicado conjunto recuerdan que han pasado más de diez días desde que se entregaron cerca de diez mil firmas al Ministerio solicitando la apertura de la mesa de negociación y más de tres meses desde que los cuatro sindicatos presentaron a este departamento un escrito con la tabla reivindicativa pormenorizada que afecta a todos los cuerpos de justicia.
«Mientras tanto, el Ministerio sigue dando la callada por respuesta, no cumple los acuerdos de 2015 y machaca a los juzgados creando órganos sin medios, imponiendo un modelo de oficina judicial y fiscal rígido, y derrochando el dinero en una tecnología que no sirve para ayudar sino para ahogar aún más a los órganos judiciales y fiscales», denuncian los sindicatos.
Entre sus peticiones también reivindican recuperar el complemento de los funcionarios destinados en juzgados de violencia sobre la mujer y su establecimiento en otros órganos especializados, revisar la normativa de guardias con un incremento de las retribuciones por este concepto así como las de la insularidad.
Denuncian que el Ministerio vulnera el derecho a la negociación colectiva al no convocar la mesa de negociación para atender las reivindicaciones de los funcionarios y «se burla de ella modificando unilateralmente la Ley Orgánica del Poder Judicial».
Victoria Carrero, responsable del sector de Justicia en UGT ha asegurado que, más que mesas de negociación lo que parece que ha habido con el Ministerio es mesas informadoras. «Hemos sido engañados», ha apostillado en referencia a las 50 enmiendas a la Proposición de Ley para la reforma de la LOPJ presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
«Implantación a las bravas de la oficina judicial y fiscal»
Los sindicatos, en un comunicado conjunto aseguran que la implantación a las bravas de la oficina judicial y fiscal, así como del expediente digital están causando más problemas que beneficios a la prestación del servicio público. La primera se trata de una operación cosmética que lleva al absurdo de crear oficina judicial donde sólo hay un Juzgado o a crear servicios comunes con tres funcionarios de auxilio.
La segunda, se trata de una operación de despilfarro de dinero público en un proyecto llamado Justicia digital que se desarrolla sobre unos programas claramente obsoletos en su diseño y concepción, carentes de compatibilidad salvo que se recauchuten y parcheen continuamente y limitados en su capacidad.
