La Fiscalía ha pedido prisión provisional para el candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los exconsejeros Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa ante el riesgo de fuga y de reiteración delictiva,han informado a Europa Press fuentes fiscales.
Todos ellos, además de la dirigente de ERC Marta Rovira, que ha huido al exilio, estaban citados este viernes a fin de practicar la ‘vistilla’ para revisar su situación procesal.
Tanto Turull como Rull, Romeva y Bassa están procesados por los delitos de rebelión y malversación en la causa del ‘procés’ que instruye el magistrado Pablo Llarena, mientras que a Forcadell se le atribuye únicamente delito de rebelión, de acuerdo con el auto de procesamiento del juez que ha dado a conocer antes de celebrar la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Todos los citados este viernes, a excepción de la secretaria general de ERC, han estado previamente en situación de prisión provisional. En el caso de los exconsejeros Turull, Rull, Romeva y Bassa desde el 2 de noviembre hasta el 4 de diciembre del pasado año, cuando el juez acordó su libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 100.000 euros. Carme Forcadell, pasó una noche en la cárcel después de prestar declaración en sede judicial el 9 de noviembre y salió tras abonar una fianza de 150.000 euros.
Marta Rovira, por contra, declaró ante el juez Llarena el 19 de febrero y quedó en libertad también bajo fianza de 60.000 euros y con la única medida cautelar de comparecencias quincenales. Esta misma mañana ha comunicado por carta que no iba a acudir a la citación judicial y se marchaba al exilio, al sentir su libertad de expresión «censurada» por unos tribunales, ha dicho, que intimidan y aplican criterios políticos.
Tanto la número ‘dos’ de la formación independentista como Forcadell y Bassa anunciaron este jueves tras finalizar el fallido pleno de investidura de Jordi Turull, que dejaban su acta de diputadas para «plantar cara al chantaje judicial del Estado». (EP)
