Como si de un culebrón televisivo se tratara, la CUP dio ayer por la noche el último giro a la narrativa independentista ofreciendo a apoyar la investidura del detenido en Alemania Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.
El auto de procesamiento dictado por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, conlleva la inhabilitación de la persona que ostente función o cargo público «quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».
El grupo que encabeza Carles Riera en el Parlament añadió en un comunicado que la situación es grave y que «hay que reforzar inmediatamente la legitimidad del presidente».
La CUP juega, de forma muy clara, con la condición que establece el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que dice «Firme un auto de procesamiento».
El auto de procesamiento en cuestión no es firme, pero lo será en un tiempo aproximado de diez días, una «ventana de oportunidad» que la CUP va a tratar de aprovechar. Faltará por ver si el presidente del parlamento autonómico, Roger Torrent, estaría por ello, teniendo en cuenta que ya el Tribunal Constitucional prohibió la investidura a distancia de Puigdemont.
La CUP también ofrece contribuir con todos los actores políticos democráticos a «articular una propuesta de Pacto Nacional por los Derechos Civiles y Políticos, y parar el país para denunciar el Estado de Excepción» en Cataluña.
Además, ha criticado la «violencia policial» de los Mossos en la concentración de este domingo cerca de la Delegación del Gobierno en Cataluña. Y ha reiterado su apoyo a las movilizaciones en favor de la república catalana y a los detenidos en la concentración junto a la Delegación. EP.
