Los 65 componentes de la 67 Promoción de jueces recibirá sus despachos en una ceremonia que tendrá lugar el próximo lunes, 9 de abril, a las 12 de la mañana, en el Auditori de Barcelona, como es tradición, bajo la Presidencia del Rey, Felipe VI, que ya ha confirmado su presencia.
Falta por ver quién ocupará, en este acto, la representación de la Presidencia de la Generalitat, ahora vacante.
Si será Roger Torrent, presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña, o si, por el contrario, en esta ocasión, ya que está vigente el artículo 155 de la Constitución, no habrá nadie haciendo ese papel.
El acoso a los jueces destinados en Cataluña, y, de forma particular, a la casa de la familia del magistrado instructor en el Supremo del caso del proceso independentista, Pablo Llarena, quien ha recibido un apoyo internacional y nacional masivo, y de su esposa, Gema Espinosa, directora de la Escuela Judicial donde se han formado los nuevos jueces, han tensado las relaciones hasta un punto muy sensible.
Todavía está muy presente en la memoria de todos la intervención de Torrent en el acto del Colegio de Abogados de Barcelona, el día de San Raimundo de Peñafort.
Su discurso, con el lazo amarillo en la solapa y hablando de la existencia de «presos políticos» en España -en referencia a los actuales procesados-, provocó que se levantaran y se marcharan del acto el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, la fiscal jefe de Barcelona, Concha Talón, y un 40 por ciento de los abogados presentes.
En el acto del próximo lunes, desde el punto de vista protocolario sólo intervienen con sendos discursos el Rey Felipe VI, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, por lo que no habría peligro de que pueda decir nada.
UNA ENTREGA DE DESPACHOS CON RETRASO POR CULPA DE LA SITUACIÓN DE CATALUÑA
La entrega del despachos del próximo lunes tenía que haber tenido lugar el pasado mes de noviembre o diciembre, pero debido al proceso independentista, la Comisión Permanente del CGPJ decidió, el 23 de noviembre, prorrogar sin fecha el acto.
Aquello cayó como un jarro de agua fría a sus 65 componentes, que habían ingresado en enero de 2016 en la Escuela Judicial, tras aprobar las oposiciones en los meses de octubre y noviembre de 2015.
Tras su paso por la Escuela Judicial iniciaron un período de prácticas tuteladas durante 7 meses, y, por último, superadas dichas fases, realizaron un período obligatorio donde los jueces noveles desempeñaron labores de sustitución y refuerzo durante 5 meses, del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017, período que debía haber acabado en dicha fecha con la consiguiente entrega de sus despachos.
El acuerdo de la Permanente fue recurrido en bloque por toda la 67 promoción por lo que consideraron una «arbitrariedad y desviación de poder». Una información que publicó Confilegal el 7 de febrero pasado.
Dos días más tarde, la Permanente tomó la decisión de que el acto no se demorara más. El vocal Juan Martínez Moya informó a los componentes de la 67 promoción que el acto se celebraría en abril.
