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Hervé Falciani: ¿Un “renglón torcido de Dios”?

Falciani en una foto tomada en Torres, Jaén. Carlos Berbell/Confilegal.
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Dios escribe derecho con los renglones torcidos, es una conocida frase del acervo español que quiere significar que a veces las cosas más extrañas o contradictorias pueden devenir en algo bueno e inesperado.

Desde este punto de vista, Hervé Falciani, el franco-italiano de 46 años nacido en Montecarlo, sin duda, es un “renglón torcido de Dios”.

Su huida en 2009 de Ginebra, Suiza, ciudad en la que trabajaba en la sucursal del Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), de donde sustrajo 800 “gigas”  de datos con los nombres, los números de cuentas y el dinero que los más ricos del mundo ocultaban secretamente, lejos de las Haciendas de sus respectivos países, supuso un terremoto.

En total se llevó información de 127.000 clientes, 1.800 de ellos españoles.

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Pero también había franceses -12.000-, británicos -11.000-, italianos -10.000-, estadounidenses -6.000-, japoneses -1.800- y griegos -1.300-, entre muchos otros.

Todos grandes defraudadores, millonarios, ladrones de impuestos que debían haber devengado en sus respectivos países.

“La gente no cumple la ley cuando tienen la seguridad de que no les van a pillar”, me contó en una entrevista que le hice en el verano de 2016. “Y todos estos la tenían”.

La información facilitada por Falciani fue un bien inesperado.

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Falciani niega haber querido “hacer caja” con esa información que, en España, ha posibilitado la recuperación de 300 millones de euros para la Hacienda española que, en mayo de 2010, recibió los datos y sacó a la luz a 659 defraudadores españoles.

No todo el mundo le creyó.

¿Por qué lo hizo? Según me confesó, fue el final de un proceso mental de convencimiento.

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De querer acabar con ese estado de cosas en que los muy ricos ocultaban su dinero en una especie de cueva de Alí Babá como el HSBC.

¿Doctrina del árbol envenenado?

Su información se vio impugnada ante los tribunales españoles por algunos de los afectados bajo la argumentación de que procedía del “árbol envenenado”, una doctrina conocida por todos que afirma que las pruebas derivadas de una primera prueba obtenida ilegalmente son también ilegales.

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Si Falciani había “robado” la información, dicha información era nula.

Eso argumentan algunos de los letrados con los que he hablado del caso Falciani. Pero las cosas no son tan fáciles. Sobre todo cuando ese hecho sucede en un país diferente.

Así lo vio el tribunal de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid en  2016 en el caso de Sixto Delgado Coba, de 74 años, natural de Santa Brígida, Gran Canaria, uno de los nombres de la lista Falciani, quien mantenía una cuenta opaca en el HSBC con 6.950.482,05 dólares dentro.

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Delgado Coba era un ingeniero jubilado de Repsol que llegó a cobrar el paro mientras tenía esa cuenta en Suiza.

De nada le sirvió al abogado -y exmagistrado de la Audiencia Nacional- José Antonio Choclán la estrategia de impugnar esa prueba.

Desde su punto de vista, la Agencia Estatal Tributaria no podía hacer uso de la “Lista Falciani” porque era el producto de un delito cometido en Suiza, vulnerando la intimidad de su cliente.

Choclán aportó tres sentencias.

Una del Tribunal de Apelación de París, otra de la Corte de Casación de ese mismo país y una tercera del Tribunal Penal Federal de Suiza, la que le condenó a 5 años de cárcel “en ausencia” y por la que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó al juez Diego de Egea, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6, su extradición a ese país el pasado jueves.

La justicia española dice que no

Al tribunal español, no le posible admitir la tesis de la ilicitud de los datos de la “Lista Falciani” basándose en sentencias de un país diferente al de origen, donde sucedieron los hechos, y donde fue absuelto por ello.

Tampoco consideraron los magistrados que se hubiera vulnerado el llamado “secreto bancario”, un concepto que no tiene reflejo alguno en nuestra legislación penal, ni tampoco consideraron que existiera un delito de “revelación de secretos de empresa”.

La lista, dijo el tribunal en su sentencia, llegó a la Hacienda Pública española por conducto oficial y es auténtica, como atestiguaron los peritos que declararon en la vista oral.

La información “fue entregada personalmente por el agregado fiscal y financiero de la Embajada de la República Francesa en España en una reunión mantenida en el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria española el día 24 de mayo de 2010”, cuenta la sentencia.

La información llegó grabada en un CD-ROM, al amparo de una variada normativa internacional.

No vale la invocación al derecho a la intimidad

Para el tribunal tampoco fue válida la invocación al derecho fundamental a la intimidad (contenido en el 18 de la Constitución) porque en ese caso concreto “sirve de modo incuestionable para ocultar el patrimonio, poniéndolo fuera del conocimiento y alcance de la autoridad fiscal española, y además oculto en una entidad bancaria de un país que se niega de manera sistemática y rotunda a facilitar cualquier información a otros países u organismos sobre su existencia y titularidad”.

Delgado Coba fue condenado a 6 años de cárcel y a pagar 14,21 millones de euros entre multas y cuota defraudada. Fue el segundo condenado en firme por la lista Falciani después de Jacob Benzaquen, cuya condena fue un poco mayor: 7 años.

La Sala de lo Penal después validó judicialmente la “lista Falciani” en el recurso de casación que Choclán presentó en nombre de Coba.

Fue la primera vez que dicho tribunal se pronunció sobre ella. Y por unanimidad de todos sus componentes, Manuel Marchena -presidente de la Sala, de ese tribunal y ponente de la misma- y por los magistrados Miguel Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Joaquín Giménez.

El alto tribunal distingue entre dos formas de obtención ilícita de documentos o datos de terceros. Así, si lo hace la Policía o los aparatos del Estado, la prueba no es válida, en virtud del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero si lo hace un particular sin conexión con los aparatos del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas sino obtener un lucro, como era el caso del informático bancario Hervé Falciani, si puede dársele validez.

Para el Supremo, el particular que por propia iniciativa desborda el marco jurídico que define la legitimidad del acceso a datos bancarios, ya actúe con el propósito de lograr un provecho económico, ya con el de fomentar el debate sobre los límites del secreto bancario, no lo hace en nombre del Estado.

Tanto Delgado Coba como Jacob Benzaquen -que había defraudado 10 millones- se dieron a la fuga antes de que les detuvieran para cumplir condena.

Lo que reveló Falciani

El gran mérito de Falciani es que ha hecho comprender a la opinión pública cómo funcionan los paraísos fiscales, su estructura. Una información vital para ganar las batallas a los muy poderosos que esconden sus dineros en ellos.

“Los paraísos fiscales son como matriuskas rusas. Son muñecas que tienen dentro otra muñeca, y dentro de esa muñeca otra, y en esa muñeca otra muñeca. Así hasta llegar a la más pequeña, al centro de todo. Cualquier tipo de investigación judicial se va a encontrar con este desafío. En muchos casos son callejones sin salida. Una muñeca que no se puede abrir para dar paso a la siguiente”, me explicó Hervé Falciani. 

“Hasta hace un tiempo, el dinero estaba en los bancos suizos. Ya no es así. En Suiza se gestiona la parte administrativa mientras que el dinero se transfiere vía electrónica a los paraísos fiscales más remotos, que no colaboran con la justicia, para evitar la obligación de comunicar los datos a las autoridades fiscales”.

“Las Islas Vírgenes, Panamá y Bahamas forman, en este sentido, un auténtico triángulo de las Bermudas. Creando una sociedad pantalla en cada uno de esos paraísos fiscales se hace desaparecer cualquier rastro del dinero”, añadió.

“La pieza central de los paraísos fiscales son los llamados gestores, intermediarios, auténticas tapaderas que impiden la trazabilidad de los flujos de dinero. Estos gestores pueden aconsejar a sus clientes, por ejemplo, crear una empresa en Marruecos, en las que ellos son administradores. Luego les indican que abran una cuenta bancaria con el dinero a evadir”.

“A continuación ellos se encargan de enviarlo a Suiza. Después, el dinero se manda a otra cuenta en las Islas Cayman, por ejemplo. De esa forma si los magistrados de un país, como España, piden información sobre el dueño verdadero del dinero objeto de investigación en Suiza se pueden encontrar con que no existe”, relata.

En apariencia puede resultar muy complicado, pero todo es muy simple, según éste ingeniero informático.

“Hay muchas variantes. En esencia, lo que hacen los bancos es fragmentar la información para que sea imposible de rastrear. El objetivo es dificultar lo más posible los controles. La buena nueva, es que, si hay voluntad política, se podría acabar con los paraísos fiscales”, aclara Falciani.

El problema es que todo está organizado para mantener el secreto del dinero.

Proteger a los “whistleblowers”

Desde su punto de vista, el talón de Aquiles del sistema es la protección de los “whistleblowers” (alertadores o reveladores de secretos; personas que trabajando en el sector público o privado, denuncia algo que puede constituir un delito). Gente como Ana Garrido, en España, que tiró de la manta en el caso Gürtel.

Actualmente en España reina la desprotección total para estas personas. Ciudadanos tiene presentada una proposición de ley de protección de estas figuras y el parlamento europeo aprobó recientemente una moción haciendo un llamamiento a la Comisión Europea para que elabore una Directiva en esa dirección.

Falciani, además, propuso adoptar una de las medidas que se aplican en Estados Unidos en su lucha contra la corrupción: compensar a estos “whistleblowers” con el 10 por ciento del dinero defraudado y recuperado.

“Como medio para compensarles ya que no van a poder encontrar trabajo. La compensación económica es un método muy eficaz porque la persona necesita vivir, comer y tiene familia. En aquel país la ley obliga a las empresas a dotarse de sistemas para proteger a los trabajadores que denuncien irregularidades de cualquier tipo de represalia”, explica.

Una propuesta que tiene mucho encaje con la opinión de la fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, que cree vital una nueva ley de protección de testigos como la que tienen los estadounidenses porque la actual es poco menos que una broma.

Para algunos lo que movió a Falciani fue algo tan antiguo como la codicia, el dinero; para otros es un Robín Hood de nuestro tiempo, un hombre con conciencia social.

La realidad es que su información, la “lista Falciani”, ha cambiado el prisma con el que mirábamos el mundo de los paraísos fiscales, arrojando luz para que la opinión pública, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Justicia antes veían poco o nada.

Como decía Deng Xiaping, el desaparecido líder chino: “¿Gato blanco o gato negro? Lo importante es que cace ratones. Y Falciani ha ayudado precisamente a eso.

Lo dicho. Un “renglón torcido de Dios”.