El rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones, como medida cautelar, a Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad, y abre la puerta a quitar el título de su máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de que una sentencia firme reconozca «irregularidades».
Así lo ha anunciado el rector en el Consejo de Gobierno de la Universidad que se ha celebrado esta misma mañana, donde también se ha adelantado el inicio de auditorías de todas las actividades relacionadas con los institutos y centros propios de la Universidad.
El objetivo de esta medida es verificar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional.
El rector ha explicado que además de suspender de sus funciones a Álvarez Conde, que hace una semana aseguró que había «reconstruido» el acta de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cifuentes por petición directa de Ramos, también se ha abierto un expediente disciplinario a la funcionaria implicada en las «graves irregularidades detectadas», en relación a Amalia Calonge, por cambiar supuestamente las notas en el sistema informático sin tener autorización para hacerlo.
Estas decisiones son fruto de las conclusiones del Expediente de Información Reservada que la Universidad Rey Juan Carlos abrió a raíz de las informaciones conocidas el pasado 21 de marzo, en relación al acta de Evaluación del TFM y que se ha dado a conocer este viernes, coincidiendo con la reunión del Consejo de Gobierno.
La URJC, ante los indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, ha procedido a la suspensión del Procedimiento de Información Reservada que se había abierto y al traslado de toda la documentación recopilada al Ministerio Fiscal.
Según ha anunciado hoy el rector, de dictarse sentencia firme reconociendo los hechos, se iniciarán «los trámites pertinentes para la anulación» del título de Cifuentes, quien sigue asegurando que cometió ninguna ilegalidad y que defendió su TFM un 2 de julio de hace seis años.
Según la universidad, la suspensión del procedimiento «no impedirá proseguir la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y, en particular, en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico, de todas las formas que se consideren oportunas y en todo lo que no interfiera con la denuncia del rector ante la Fiscalía».
MEDIDAS CONCRETAS
Según recoge el informe de conclusiones, se abre expediente informativo a la funcionaria que, presuntamente, ha podido modificar las actas del máster «sin pertenecer a la unidad competente para hacerlo, y, al parecer, sin autorización y sin comunicación, ni previa, ni posterior, al jefe de Servicio de dicha unidad».
En cuanto al hasta ahora director de Derecho Público, se le abre también un expediente disciplinario «por irregularidades graves», además del «incumplimiento de la obligación de remitir memoria de actividades, gestión y cuentas» del Instituto que dirigía, pese a haberles sido requeridas.
Como medida cautelar y a este respecto, se procede a la suspensión de sus funciones «para asegurar la eficacia del procedimiento iniciado», destacan desde la universidad. (EP)
