Los tres magistrados que conforman el tribunal que juzgó la primera época de la trama de corrupción Gürtel (1999-2005) están manifestando «discrepancias» a la hora de redactar la sentencia, por lo que el ponente de la misma y presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Ángel Hurtado, ha encargado a sus dos compañeros (José Ricardo de Prada y Julio de Diego) la redacción de las partes en desacuerdo.
«Dadas las discrepancias habidas sobre algunos puntos sometidos a debate, en el curso de la deliberación, con este magistrado, ponente del asunto, por parte de los otros dos magistrados que componen el tribunal, encargo la redacción a mis compañeros para que redacten la resolución en la parte que cada uno discrepe«, explica Hurtado en el acuerdo redactado este viernes.
Según han indicado fuentes jurídicas, una vez que los otros magistrados del tribunal, redacten esas partes de la sentencia en las que no están de acuerdo con el ponente, los tres analizarán los argumentos de unos y otros.
Posible voto particular del ponente
Las fuentes consultadas han explicado que, en caso de que los tres magistrados no alcancen un consenso sobre las partes discrepantes, Hurtado podría incorporar el texto de sus compañeros a la sentencia final, asumiendo así sus argumentos, pero al mismo tiempo firmar él un voto particular.
Esta circunstancia sería del todo inusual, ya que supondría que el ponente de una sentencia incluyese argumentos con los que no está de acuerdo y al mismo tiempo emitiera un voto discrepante contra una resolución que él mismo redacta.
No es la primera vez que el presidente del tribunal discrepa con sus compañeros en asuntos importantes del caso. Uno de ellos fue la declaración como testigo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la que Hurtado siempre se opuso y que, sin embargo, salió adelante con el visto bueno de De Diego y De Prada.
La sentencia tardará algo más de lo esperado
De esta forma, la sentencia del juicio a la Gürtel se dilatará previsiblemente un poco más en el tiempo tras cinco meses desde que finalizó, el pasado 17 de noviembre, después de un año de sesiones.
Entre los 37 acusados se encuentran el presunto cabecilla de la red, Francisco Correa, una decena de ex altos cargos del PP, como su extesorero Luis Bárcenas. El partido también está acusado como partícipe a título lucrativo, por lo que durante el juicio se ha analizado si la formación política se ha beneficiado de las actividades delictivas de la trama.
El procedimiento se centró en el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona.
Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros y considera acreditado que el PP se financió de forma ilegal con los delitos de la trama corrupta. (CONFILEGAL/EP)
