José Luis Escrivá, presidente de la AIReF; Emilio Álvarez, presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA; Pascual Fernández, vicepresidente del Consejo General de Economistas de España y decano del Colegio de Economistas de Madrid, y Carlos Puig de Travy, presidente del Registro de Economistas Auditores (REA)
Las entidades publicas locales tendrán más controles financieros a partir del 1 de julio
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26/4/2018 05:55
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Actualizado: 25/4/2018 18:25
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Cerca de 20.000 entidades públicas locales (ayuntamientos, consorcios, fundaciones…) tendrán que someterse a la supervisión de sus cuentas con la entrada en vigor, el 1 de julio de 2018, del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
El presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha valorado positivamente la labor en la mejora de la transparencia de los organismos públicos de control –Intervención General de la Administración del Estado, Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo–. “Incrementar los medios de la Intervención General de la Administración del Estado y potenciar la colaboración de auditores públicos y privados puede ayudar a mejorar el control de los fondos públicos”, ha señalado.
Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, afirmó que “el Real Decreto 424/2017 implica un control financiero-presupuestario más riguroso y de una vez por todas se regulan las auditorías públicas de los entes locales y las bases de colaboración con los auditores privados”. En este sentido contempla la presencia del auditor privado como colaborador de la propia entidad pública.
En la inauguración de la jornada organizada por el Registro de Economistas Auditores (REA), el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, señaló que dentro del conjunto de las administraciones públicas, las corporaciones locales son el único subsector en superávit.
No obstante –destacó– “aunque este subsector funcione bien en su conjunto, existen una serie de ayuntamientos que desde hace tiempo vienen incumpliendo la regla de gasto y están rayando la insostenibilidad”. Por otra parte, el presidente de la AIReF subrayó la necesidad de “reforzar el papel de los interventores autonómicos y que estos elaboren informes sobre el cumplimiento de las reglas fiscales”.
Por último, Escrivá anunció la creación de una base de datos por parte de la AIReF–que se pondrá próximamente a disposición de los ayuntamientos y de la ciudadanía en general– con información económico-financiera histórica de 13.000 entidades locales, que constituirá un instrumento de análisis y de comparación para los ayuntamientos con el resto del subsector e incluirá información sobre ingresos, gastos, costes de referencia de servicios, deuda, sostenibilidad financiera, etc.
En este encuentro –en el que se ha dado cita un importante número de profesionales del sector–participaron el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich; el presidente del Registro de Economistas Auditores del citado Consejo, Carlos Puig de Travy; el decano del Colegio de Economistas de Madrid, Pascual Fernández, y el presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, Emilio Álvarez, coordinador del encuentro. Asimismo, la jornada contó con la participación de la Interventora General de la Administración del Estado, María Luisa Lamela, y del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá.
Según lo previsto en el plan de estabilidad presupuestaria para el periodo 2017-2020, el objetivo de déficit del conjunto de las Administraciones Públicas pasará de un 2,2%, previsto para 2018, a un 0,5% fijado para 2020, lo que supone una reducción a la cuarta parte en menos de dos años. Alcanzar tan ambicioso objetivo pasa por reforzar los mecanismos de control que aseguren la eficiente gestión de cómo y a dónde se destina el dinero público.
A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha manifestado que “si bien el sector público representa en torno al 40% del PIB y engloba a más de 22.000 entidades, de estas ahora solo se auditan, aproximadamente, el 10%”. Para Pich, “la adecuada gestión de los fondos públicos pasa por potenciar la colaboración con los órganos públicos de control que intervienen en este proceso”.
Mejora la transparencia en el sector público
Valentín Pich valoró positivamente la labor en la mejora de la transparencia de los organismos públicos de control –Intervención General del Estado, Tribunal de Cuentas y Órganos de Control Externo. Aun así, según Pich, “aún queda camino por recorrer”. “Incrementar los medios de la Intervención General de la Administración del Estado y potenciar la colaboración de auditores públicos y privados puede ayudar en este sentido”, concluyó.
Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Auditores (REA), Carlos Puig de Travy, afirmó que” la contratación de los auditores privados bajo el amparo de esta norma no supone la suplantación de la figura del funcionario público, sino que el papel del auditor privado es el de un colaborador, debido a que no pueden contratarse servicios cuya responsabilidad corresponda a los poderes públicos”.
Este real decreto entra en vigor el 1 de julio de 2018 y las primeras auditorías se realizarán sobre las cuentas anuales cuyo ejercicio contable se cierre a partir de 1 de enero de 2019. Estas auditorías deberán realizarse de acuerdo a las normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la Administración del Estado.
Para el presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del REA, Emilio Álvarez, “un avance satisfactorio en la colaboración público-privada en este terreno es que el plan anual de control financiero de las entidades públicas locales tendrá que contar con partidas presupuestarias suficientes que contemplen la contratación de firmas privadas de auditoría”.
Surge de esta manera una colaboración más estrecha entre auditores públicos y privados que establece una contratación inicial de 2 años –el mínimo exigido en la Ley de Auditoría de Cuentas es de 3 años– para favorecer la mayor rotación e independencia del profesional contratado.
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