Los expertos de Fomento del Trabajo piden a Montero medidas contra el fraude fiscal y suprimir el impuesto de patrimonio
Así consta en el Libro Verde de la reforma fiscal que ha presentado hoy el Grupo de Expertos Tributarios de Fomento del Trabajo.

Los expertos de Fomento del Trabajo piden a Montero medidas contra el fraude fiscal y suprimir el impuesto de patrimonio

También reclaman una profunda reforma de la fiscalidad de la empresa familiar
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21/2/2022 17:16
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Actualizado: 21/2/2022 17:19
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El Grupo de Expertos Tributarios de Fomento del Trabajo, patronal adscrita a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), constituido por decisión unánime de la Junta Directiva en abril de 2021, ha presentado el Libro Verde de la reforma fiscal.

Un documento exhaustivo en el que dirigen a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, un conjunto de propuestas de reforma tributaria para modernizar la fiscalidad, asimilarla en sus principales indicadores a la de los países miembros de la Unión Europea y avanzar así hacía una fiscalidad competitiva, equitativa y sostenible.

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha insistido durante la presentación del informe en que la reforma no tendrá éxito si, al mismo tiempo, no se afronta con máxima prioridad el fraude fiscal.

“La economía sumergida en España es similar al 25% del PIB. Es necesario un Plan Estratégico de cuatro años para reducir la economía irregular en 10 puntos (hasta el 15%) en cuatro años. Esto aportaría 33.000 millones de euros en ingresos, y promovería 1,5 millones de puestos de trabajo».

«La economía sumergida de España se sitúa unos diez puntos por encima de la media de países como Reino Unido, Francia o Alemania. La solución no es aumentar la presión fiscal a los que cumplen, sino obligar a todos a responder con sus obligaciones como ciudadanos y contribuyentes”.

Impuestos sobre el trabajo, consumo, contribuciones sociales, capital y la propiedad

Por su parte, el consejero de presidencia de Fomento y coordinador del Grupo de Expertos Tributarios, Manuel Silva; y el presidente de la Comisión de Fiscalidad de Fomento del Trabajo  Valentí Pich, han presentado públicamente el informe entregado a la CEOE y al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España.

Los impuestos sobre el trabajo como porcentaje de la tributación total son menores en el caso de España que en el conjunto de los países de la zona euro o de la Unión Europea.

Así, por ejemplo, en España, los impuestos provienen derivados del factor trabajo en un 50,5% mientras que en el caso de la zona euro se eleva al 52,2%.

En España, el factor trabajo contribuye en menor magnitud que los otros impuestos, ya que hay una elevada tasa de paro respecto al porcentaje de población activa y un alto volumen de economía sumergida (10 puntos por encima de la media europea).

Dentro de los denominados impuestos sobre el trabajo, hay que mencionar también que, en el caso español, se produce un mayor peso en términos de PIB los pagados por los empleadores, que resulta del 9% del PIB, cuando la media de la Unión Europea (UE-27)es del 8,2% o del 8,5% en el caso de la zona euro.

Además, en los últimos 10 años, ese incremento del porcentaje en el PIB ha aumentado 5 décimas en el caso español, mientras que, en el caso europeo, se ha reducido en 2 décimas.

Otro factor a tener en cuenta en el ámbito fiscal es el peso importante que tienen las contribuciones sociales en porcentaje del PIB a cargo de los empresarios, que en el caso de la media europea se sitúa en el 7,3%, y en el caso de España es del 9%. 

Es decir, se registra una sustancial diferencia en cuanto a lo que los empresarios españoles -en comparación con los europeos- pagan con respecto a las contribuciones a la seguridad social.

En los impuestos sobre el capital como porcentaje sobre el total de la imposición, en el caso español, se sitúa en un 22,5%, frente a un 20,5% del conjunto de los países EU-27, o respecto al 20,9% en la zona euro.

Administración Pública: más confianza y transparencia

En España se presentan cada año más de 200.000 reclamaciones económico-administrativas. De ellas, se estiman más del 45% (especialmente en materia de sanciones), pero las desestimadas, que se impugnan ante los tribunales, se acaban aceptando en un 20% de casos.

En este contexto, crece la desconfianza hacia la Administración tributaria.

Lo que el empresariado y el contribuyente anhelan es un marco de confianza y unas reglas de juego precisas y estables a nivel fiscal.

Supresión del impuesto de patrimonio

En la actualidad existen pocos países desarrollados que mantengan en vigor un impuesto sobre la riqueza neta individual equiparable al impuesto sobre el patrimonio español.

Entre los países que han suprimido recientemente su impuesto sobre el patrimonio, se encuentran Austria (1994), Dinamarca (1995), Alemania (1997), Finlandia (2006), Luxemburgo (2006), Suecia (2007) y Francia (2018).

La existencia de una imposición patrimonial penaliza el ahorro– especialmente grave en períodos impositivos con tipos de interés bajos- y puede llegar a ser confiscatorio, implica el encarecimiento del coste de capital de las empresas, y su consiguiente penalización sobre la inversión, la productividad, y el crecimiento económico.

Por estas razones, el Libro Verde propone que se suprima definitivamente el impuesto sobre el patrimonio y se establezcan las previsiones legales oportunas para que tampoco pueda ser establecido como impuesto propio por las comunidades autónomas.

Reforma del impuesto de sucesiones y donaciones

El impuesto sobre sucesiones, a diferencia del impuesto sobre patrimonio, es una figura que existe en la mayoría de los países de la OCDE, si bien el peso de la recaudación en España se sitúa muy por encima del promedio de la OCDE.

La actual normativa reguladora del impuesto sobre sucesiones entró en vigor hace 34 años y las reformas que han sido introducidas durante este período no han sido suficientes para adaptarla al contexto económico y social actual.

El Libro Verde propone el establecimiento de un supuesto de no sujeción, para transmisión de patrimonios inferiores a 1 millón de euros, siempre que se transmitan a cónyuge, ascendientes y descendientes de primer grado. Ello impediría que patrimonios reducidos estuvieran sometidos al pago del impuesto.

Se propone, entre otras medidas, podría simplificarse el impuesto mediante la reducción de tramos de la escala impositiva y la aplicación de tipos impositivos que no superaran el 9%, adaptando así la tributación en ISD al promedio de la OCDE. 

La medida también ayudaría a reducir las diferencias de tributación existentes entre las distintas Comunidades Autónomas que se han venido produciendo dadas las diferencias normativas entre las mismas.

Modificar el régimen de la empresa familiar

Los expertos plantean una exhaustiva reforma fiscal para las empresas familiares en España con el objetivo de igualar su reconocimiento al régimen especial con el que cuentan las empresas familiares en los principales países europeos.

Por ejemplo, no existe un impuesto que grave sucesiones y donaciones en 20 de los 27 Estados miembros. En 11 de ellos no hay impuesto (Austria, Chequia, Chipre, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Malta, Portugal, Rumania, y Suecia) y en nueve países, la transmisión de la empresa familiar cuenta con un régimen especial.

Las empresas familiares en España suponen el 88,8% de las empresas españolas, con una distribución bastante homogénea oscilando entre el 84,4% del País Vasco y el 94,3% de Castilla la Mancha, situándose Catalunya en un 85,6%.

España es el único país de su entorno donde se tiene en cuenta el patrimonio preexistente del heredero para el cálculo de la cuota tributaria y que los mínimos exentos personales se reservan exclusivamente para las sucesiones, en contra de la práctica habitual de igualar el tratamiento fiscal de las transmisiones ‘inter vivos’ y ‘mortis causa’.

IRPF e Impuesto de Sociedades

Respecto al IRPF los juristas proponen reformas concretas a favor de la equidad, la competitividad, el dinamismo económico y para reducir la inseguridad jurídica.

Destacan las propuestas para actualizar las tarifas y evitar así incrementar la tributación ante la escalada de la inflación; incrementar la deducción por gastos de enfermedad y la adquisición de vehículos eléctricos; y elevar el límite de la aportación a los planes de pensiones.

Respecto al impuesto de sociedades, también señalan la propuesta para potenciar los incentivos aplicables a los beneficios no distribuidos o reinvertidos.

A fin de incentivar la capitalización de las empresas y la reinversión de los beneficios obtenidos resultaría conveniente potenciar los incentivos actualmente existentes o restituir los que operaron en el pasado y que han sido derogados.

Así, se propone, por un lado, incrementar la actual reducción vinculada a la reserva de capitalización, actualmente referida al 10% del incremento de los fondos propios con el límite del 10% de la base imponible y, por el otro, establecer reducciones específicas para aquellos ingresos obtenidos en el ejercicio y que estén sujetos a reinversión en activos operativos para el negocio y la actividad.

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