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Los empresarios de Fomento del Trabajo impulsan un Comité de Sabios para supervisar la reforma fiscal de Montero

Su primera reunión tendrá lugar el próximo 26 de abril para definir la estrategia a seguirMaría Jesús Montero, portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de MinistrosEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han anunciado que se avecina una importante reforma fiscal con revisión de todos los impuestos existentes y la creación de otros. Foto: EP.
| | Actualizado: 15/04/2021 16:15

Máxima inquietud en el colectivo empresarial ante el doble anuncio que hizo este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero: se avecina una importante reforma fiscal con revisión de todos los impuestos existentes y la creación de otros.

Un anuncio que ha caído como un jarro de agua fría en el mundo empresarial, donde la mayor parte de los expertos consultados por Confilegal, creen que la medida puede ser un impedimento importante para afrontar la recuperación de la economía española en su lucha por salir de la pandemia del coronavirus.

De hecho, se cree que la idea el Gobierno de poner el acento de la reforma del sistema fiscal en la recaudación sería un grave error. “Podría ser un gran impedimento para la recuperación económica”, afirman desde Fomento del Trabajo, patronal empresarial catalana dentro de la CEOE.

En esta tesitura la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como ‘think tank’ de los países ricos, señaló este miércoles que España podría tener «un sistema tributario más eficaz que reduciría las desigualdades, frenar la contaminación y las emisiones y proporcionar ingresos suficientes para para reformar el mercado laboral, la educación y la innovación”.

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Al mismo tiempo destaca que “sin embargo, cualquier aumento de impuestos debe implementarse solo una vez que la recuperación esté firmemente en marcha y es posible que deba ir acompañado de medidas compensatorias específicas y limitadas en el tiempo para los hogares más vulnerables».

En este trabajo, titulado ‘Hacia el crecimiento en 2021: dando forma a una recuperación vibrante’, la OCDE destaca que la pandemia ha dejado a la vista las vulnerabilidades que caracterizan a la economía española desde hace tiempo: un mercado laboral dominado por el desempleo, habilidades insuficientes del capital humano, una enorme disparidad entre regiones y una gran proporción de trabajadores con contratos no regulares.

“Entre las medidas específica, el informe urge a ampliar las bases impositivas reduciendo las exenciones en los impuestos sobre la renta, limitar el uso de tipos reducidos de IVA y exenciones a medio plazo».

Con miras al futuro, la OCDE ve necesario aumentar la fiscalidad de los combustibles para reflejar mejor las emisiones de CO2 y una mayor redistribución hacia los hogares con menos ingresos.

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En este contexto, Fomento del Trabajo, tras su última reunión de Junta Directiva del pasado, lunes, ha puesto en marcha un grupo de trabajo que analizará y formulará las propuestas y recomendaciones pertinentes si el Gobierno, tal y como ha anunciado, inicia los trabajos para diseñar la reforma del sistema tributario español.

Manuel José Silva, socio de Roca Junyent y abogado del Estado en excedencia, será el coordinador de esta iniciativa que aúna a fiscalistas y despachos de abogados de primer nivel que arrancará el próximo 26 de abril con una primera reunión. Este grupo de trabajo ha declinado hacer declaraciones públicas hasta que esté en marcha.

Posee amplia experiencia en la promoción, formulación, enmienda y recurso contra políticas públicas, atendidas las diferentes responsabilidades públicas y profesionales que ha desarrollado.

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Es especialista en dominio público y patrimonio de las administraciones públicas; concesiones y contratos administrativo; iniciativa pública en la actividad económica, servicios públicos y servicios de interés general; procedimientos administrativos, en especial, sancionadores y de responsabilidad patrimonial.

También ha asesorado a grupos privados y al sector público en ejecución, financiación y explotación de infraestructuras y servicios.

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Manuel José Silva, socio de Roca Junyent y abogado del Estado en excedencia.

En este grupo han confirmado su participación Valentí Pich, presidente de la Comisión de Economía y Fiscalidad de Fomento del Trabajo y del Consejo General de Economistas; Jordi Alberich, coordinador del Instituto Estudios Estratégicos de Fomento del Trabajo; Joan Francisco Corona, director de la Cátedra de Creación de Empresas y Empresa Familiar de la Universidad Abat Oliba CEU; Josep María Coronas, abogado del Estado en excedencia.

Junto a ellos Antoni Durán-Sindreu, expresidente de AEDAF; Salvador Guillermo, secretario general Adjunto de Fomento del Trabajo; Joan Francesc Pont, catedrático de Derecho Financiero, y Joan Antoni Sánchez, exasesor de Jordi Pujol.

La lista la completan bufetes multinacionales como Baker&McKenzie y despachos nacionales como Cuatrecasas, Garrigues, Roca Junyent y Uría Menéndez. También fiscalistas de Deloitte, EY Gran Thornton, KPMG y PWC dispuestos a aportar su punto de vista sobre dicha reforma fiscal.

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Una reforma inoportuna

Fomento rechaza el incremento de ingresos públicos para financiar gasto público, por ser antieconómico e ineficiente.

Desde este colectivo se sostiene que es necesario reconducir el objetivo de recaudación a través de la lucha contra la economía sumergida, en lugar de continuar presionando a las rentas declaradas.

“El objetivo urgente es situar la fiscalidad al servicio de la actividad productiva, de la recuperación y del mantenimiento y la creación de puestos de trabajo”, explica un portavoz de la patronal a Confilegal.

Como ya sucediera en el análisis del impuesto de patrimonio, del que Fomento hizo un informe, encargado a Roca Junyent que luego hizo suyo la CEOE, ambas entidades compartirán las recomendaciones de este grupo de trabajo. 

La iniciativa, aprobada por la Junta Directiva de Fomento del Trabajo, de crear este comité de sabios, como contrarréplica al que ha puesto en marcha el Gobierno, pretende de alguna forma que se oiga la voz de los empresarios y ofrecer una visión más realista de las consecuencias de una reforma fiscal de este tipo.

Una reforma que lastraría la recuperación

Para el mundo asociativo empresarial, de lo que se conoce de dicha reforma fiscal anunciada para enero de 2022 es que el objetivo fundamental de la reforma, tal como ha explicado la ministra, debe ser garantizar la suficiencia de recursos públicos con la finalidad, según palabras de la ministra de “incrementar el nivel de los ingresos públicos”.

Y es que, “España se encuentra siete puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos”.

Sin embargo, desde esta entidad asociativa muestra una enorme preocupación sobre el hecho de iniciar una reforma fiscal con este propósito –acercar la presión fiscal a la media europea-, dado que no parece que sea ni el momento, ni el objetivo más oportuno cuando la economía y la sociedad española necesitan recursos y capital para dinamizar la actividad empresarial.

También se indica que, por el contrario, debe ser un objetivo urgente y prioritario situar la fiscalidad al servicio de la actividad productiva, de la recuperación y del mantenimiento y la creación de puestos de trabajo. La fiscalidad no puede ser, exclusivamente, un instrumento para recaudar ingresos públicos.

Además, conviene recordar el artículo 31.1 de la Constitución que señala que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”.

Ingresos y gastos públicos constituyen las dos caras de la misma moneda que no se pueden escindir. Fomento del Trabajo rechaza el incremento de ingresos públicos para financiar gasto público antieconómico e ineficiente.

En este sentido, Fomento recuerda lo que reiteradamente ha manifestado el Tribunal Constitucional: los tributos, además de ser un medio para recaudar ingresos públicos, sirven como instrumentos de política económica general y para asegurar una mejor distribución de la renta nacional.

Esta asociación empresarial insiste, por ello, en reconducir el objetivo de recaudación a través de  la lucha contra la economía sumergida ya que España registra un importante volumen de actividad económica y de recursos que quedan al margen de la fiscalidad.

De este modo, se mejoraría notablemente la equidad fiscal, tan malbaratada en los últimos años, cuando los sucesivos incrementos de tributos presionan siempre a las rentas declaradas y conocidas por la  AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria).