Una joven malagueña, primer embargo judicial por un préstamo universitario de Educación

Una joven malagueña, primer embargo judicial por un préstamo universitario de Educación

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15/5/2018 05:59
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Actualizado: 14/5/2018 19:17
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El Juzgado de Primera Instancia núm. 60 de Madrid ha dictado una orden general de ejecución por una cantidad de 18.000 euros contra una joven que recibió un préstamo renta universidad del Ministerio de Educación. Se trata del primer caso en el que una persona ha sido embargada por no poder devolver un préstamo renta universidad tras la demanda judicial de una entidad financiera.

El procedimiento judicial se ha desarrollado sin el conocimiento de la afectada, ya que el Ministerio de Educación no avisó en ningún momento de la existencia de esta reclamación judicial y el banco no pidió al Ministerio el domicilio de la prestataria a efectos de notificaciones.

CONFILEGAL ha podido saber que este embargo fue dictado por Unicaja Banco y que la joven afectada, que recientemente ha sido madre, se ha enterado del procedimiento al comprobar que el banco se ha apropiado de los escasos ahorros de su cuenta. Al parecer se encuentra en búsqueda de empleo y sin recursos para afrontar dicho préstamo. Como ella cientos de jóvenes españoles sufren esta situación como ya denunciamos hace días. 

El relato de los hechos hay que retrotraerlo once años antes. En el período 2007-2011 el Ministerio de Educación concedió más de 10.000 préstamos renta universidad para financiar los estudios de máster y doctorado. El Ministerio creaba así un sistema de préstamos ligados a la obtención de una renta futura, de manera que los titulados universitarios sólo debían devolver el dinero cuando tuvieran ingresos suficientes, en concreto una renta anual de 22.000 euros.

Sin embargo, en convocatorias sucesivas el Ministerio eliminó este umbral de devolución sin informar del cambio de naturaleza de los préstamos y los bancos colaboradores han comenzado a reclamar a miles de jóvenes la devolución del dinero y el cobro de comisiones e intereses de demora, e incluso les están incorporando en ficheros de morosidad.

Los préstamos fueron concedidos con fondos públicos canalizados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), limitándose las entidades financieras a formalizar las operaciones.

Critican la desidia del Ministerio de Educación

La Asociación de Afectados por el Préstamo Renta responsabiliza al Ministerio de Educación “por su desidia” de que los bancos se estén lucrando con dinero público a pesar de las numerosas advertencias realizadas y de la reclamación colectiva que la Asociación presentó a finales de 2016.

El abogado de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, Miguel Ángel Llamas, ha solicitado la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Primera Instancia núm. 60 de Madrid. Según Llamas, “es manifiestamente ilegal que un banco pueda embargar a una persona con base en un préstamo concedido por el Ministerio con fondos públicos. Confiamos en que el Juzgado declare la nulidad de las actuaciones tal y como hemos solicitado al personarnos, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter penal que se diriman. Es muy grave que un banco se apropie indebidamente del dinero de una persona falseando derechos de naturaleza pública que pertenecen a la Hacienda estatal”.

Para Llamas “no creemos que haya más situaciones de este tipo. Los bancos, a poco que estén bien asesorados saben que no pueden reclamar a los afectados. Y que el único ente que lo puede hacer es el Ministerio de Educación, con lo cual entendemos que se casa de algo excepcional. Unicaja se ha equivocado y el juzgado ha creado esa falsa apariencia de titulo ejecutivo. Acabamos de reclamar la nulidad de actuaciones porque nos hemos personado en el procedimiento”.

Notificado por edicto el embargo

En este caso nos confirman que el juzgado notificó por edicto. AL parece Unicaja tampoco se dignó a comunicar al Ministerio de Educación que iba a demandar. “Es un error del juzgado, esperamos que estimen nuestro recurso formulado y se ha pedido la nulidad de actuaciones”. Llamas pedirá la condena en costas porque cree que el banco ha actuado con temeridad “ un documento de formalización de un préstamo público no puede ser un título ejecutivo, creemos que hay mala fe y temeridad. Ningún otro banco ha actuado de esta manera”.

Este letrado, experto en reclamaciones colectivas reconoce que pocos avances hay respecto a la situación de hace un mes. El Ministerio de Justicia sigue sin querer reunirse con los afectos. Estos, crearon hace ya algunos años una  Asociación de Afectados con muchos jóvenes entrampados por esos préstamos universitarios. “Este Ministerio como Administracion Pública tiene personalidad jurídica propia y por eso debe responder. Nosotros les hicimos llegar una propuesta de acuerdo donde señalamos que los afectados paguen cuando tengan el dinero para hacerlo”.

Ante el cariz de los acontecimientos han vuelto a pedir al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, una reunión con carácter urgente para solucionar la problemática, evitar la judicialización y cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados, que el pasado año aprobó sin ningún voto en contra una proposición que asumía las demandas de los afectados.  “Estamos sorprendidos de un problema que tiene una solución sencilla pero que no se llega a ella por falta de voluntad política”, aclara Llamas.

Para este abogado “estamos preparados para afrontar los casos que nos vengan. Siempre vamos a actuar de la misma manera para frenar esta bola de nieve que se pudiera generar. “Por eso, en el momento que detecten más actuarán de la misma manera “nulidad de actuaciones en el caso que no hayan notificado a la persona y al mismo tiempo nos opondremos a los posibles embargos porque los bancos no cuentan realmente con ningún título ejecutivo”, subraya.

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