El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Rafael Lara, tiene muy claro que entre las funciones de su cuerpo no figura la de controlar a los jueces en el ejercicio de su derecho a la huelga.
«¿Quiénes somos los letrados judiciales para controlar a los jueces cuando hacen huelga? No está amparado legalmente en ningún sitio, por lo tanto, no tiene sentido que se nos solicite, como así sucedió el pasado 22 de mayo. Y tampoco tiene sentido que, al menos dos presidentes de Tribunales Superiores de Justicia nos apercibieran de desobediencia para que lo hiciéramos», afirma Lara.
«Desde el Colegio rechazamos esta actitud, que se ampara en una, cuanto menos, debatible interpretación de la legalidad. Sin respetar la realidad jerárquica de nuestro Cuerpo, planteando a los órganos superiores del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia un requerimiento que pretendió imponer, mediante la coacción de una amenaza delictiva, una decisión a todos los letrados judiciales, con el rigor de una autoridad que alcanzaría a suplantar a nuestros órganos superiores de gobierno», añade.
Por eso, el Colegio Nacional de los antiguos secretarios judiciales ha pedido amparo al ministro de Justicia en una carta dirigida a Rafael Catalá.
Todo comenzó cuando la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó que comunicara a los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) que recabaran datos sobre la huelga, tanto sobre la participación como las suspensiones de los actos que se pudieran producir.
Estos, a su vez, descargaron, en un principio, esa responsabilidad en los letrados judiciales a través de su superiores, los secretarios de gobierno.
«Responsabilidad» que no asumieron porque «dentro de nuestras funciones no está la labor de inspección de una huelga de jueces», aclara Lara.
La mayor parte de los presidentes de TSJ al comprobar la inacción de los letrados judiciales optaron por solicitar dichos datos a los presidentes de Audiencias Provinciales y a los jueces decanos, que fluyeron por la tarde hacia el CGPJ.
Sin embargo, los letrados judiciales por la imposición no pasan.
Por eso piden al ministro Catalá, y a su superior jerárquico, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, que dejen claro públicamente que su función jamás ha sido ni será esa la de controlar cuántos jueces hacen huelga y cuántos no. Para que, si vuelve a repetirse, todo el mundo tenga claro cuál es su papel.
