«Un burdo ejercicio de propaganda y manipulación». Así califican las principales asociaciones de jueces y fiscales la actuación del Ministerio de Justicia tras la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio.
Según denuncian, el Gobierno ha evitado aplicar los descuentos salariales obligatorios a los participantes y ahora utiliza esa omisión para minimizar públicamente el impacto de la protesta.
«Esta omisión no es menor: en la anterior huelga del año 2018, los haberes fueron descontados de forma automática y sin objeciones, tal como establece la normativa vigente», afirman.
Antes de que la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales emitiera un comunicado conjunto, el Ministerio había hecho público un comunicado en el que afirmaba que habían hecho huelga «Sólo 1 juez y 28 fiscales hicieron huelga en julio, según el Ministerio de Justicia«.
Las cinco asociaciones de jueces recuerdan que los descuentos son automáticos y no dependen de que los propios huelguistas los soliciten, y acusan a Justicia de intentar invisibilizar la movilización: “Transmitir a la ciudadanía que no hubo efectos económicos es desinformar y banalizar un derecho fundamental”.
«La detracción proporcional del salario es la consecuencia legal del ejercicio del derecho a huelga, y su no aplicación por quien tiene la obligación de ello no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización, que es lo que sin duda se pretende con dicho incumplimiento», afirman.
«La ciudadanía debe saber que nuestra protesta no solo es legítima, sino que conlleva un coste económico directo para quienes la ejercemos. Pretender lo contrario es desinformar, banalizar un derecho fundamental y despreciar el esfuerzo de quienes, desde dentro del sistema, exigimos una justicia más digna y eficaz para todos», añaden.
Por ello, instan al Ministerio a que rectifique, cumpla sus obligaciones y reste los salarios de aquellos que secundaron la huelga, respetando sin ambigüedades los derechos que «la Constitución reconoce a todos los trabajadores, también a jueces, magistrados y fiscales».
