Transcurrido un mes desde el paro convocado del 1 al 3 julio por diferentes asociaciones judiciales y fiscales, 29 personas han comunicado oficialmente su participación, según las cifras que ha dado a conocer el Ministerio de Justicia. En concreto, un juez, que informó directamente a las gerencias territoriales del Ministerio. Y 28 fiscales, que lo hicieron a la Fiscalía General del Estado. Unas cifras del departamento de Félix Bolaños que vuelven a «minimizar» el efecto del parón judicial y fiscal.
A comienzos del mes de julio, en concreto, los días 1, 2 y 3, las asociaciones de jueces y fiscales convocaban un parón nacional. Ello, en protesta de las últimas reformas legislativas propuestas desde el Gobierno. Reformas que, para estas asociaciones, suponen un ataque frontal al Estado de Derecho.
Huelga que, desde las asociaciones convocantes, se aseguraba que había rozado un 70% de participación por parte de jueces y fiscales.
Unas cifras que, sin embargo, parecen distanciarse mucho de lo registrado ahora por el Ministerio de Justicia.
Y es que, casi un mes después de este parón, y según la información oficial obtenida por el Ministerio, el número de personas que secundaron el paro y a quienes se les practicará la correspondiente deducción salarial son: un juez de un total de 6.259 (un 0,01%); y 28 fiscales de un total de 3.185 (un 0,87%), de los cuales 19 lo secundaron 3 días, 1 lo secundó 2 días y 8 lo secundaron tan solo 1 día. Hubo un segundo juez que informó de que también secundaría el paro, pero se declaró en servicios mínimos.
Un proyecto que se mantiene tras la huelga
Así pues, a 31 de julio, el CGPJ ha informado que no había recibido ninguna notificación de jueces y magistrados que hubieran realizado el paro. La FGE ha confirmado la participación de 28 personas y el Ministerio, a través de las gerencias territoriales, ha recibido la información de 2 personas.
Parón de jueces y fiscales que no ha supuesto un cambio en los proyectos legislativos del departamento de Bolaños. Ministerio que sigue defendiendo que estos cambios en Justicia son «imprescindibles».
En concreto, según el Ministerio, el Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal, que motivó la protesta, tiene como principales objetivos blindar por ley las becas para acceder a las carreras, modernizar las pruebas de acceso y estabilizar a juezas y fiscales sustitutas para cumplir con los requerimientos de la Comisión Europea.
«Se trata de la mayor reforma de la carrera judicial en 40 años», siguen sosteniendo desde Justicia. Ello, a pesar del frontal rechazo de las principales asociaciones de jueces y fiscales a la norma. Rechazo que, sin embargo, el Ministerio sigue minimizando en cifras.
