Las cuatro asociaciones de letrados judiciales han reaccionado al unísono, reivindicando su actuación y el cumplimiento de la legalidad vigente el pasado 22 de mayo, día en que más del 50 por ciento de las plantillas de jueces y fiscales fueron a la huelga, frente a un duro comunicado hecho público ayer por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
Dicha nota hacía referencia a un escrito suscrito por 16 de los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia -a excepción del del País Vasco- dando cuenta de la negativa «de algunos Secretarios de Gobierno a facilitar información sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro».
Para Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), «No hay una relación lógica entre controlar los efectos de una huelga y el buen funcionamiento de la Administración de Justicia».
«Además, no existe ninguna disposición legal que determine que una de nuestras obligaciones sea la de verificar el grado de cumplimiento de una huelga de jueces e informar sobre ello. El Ministerio, de quien dependemos jerárquicamente, entiende que nuestra conducta fue la correcta. Porque cumplimos las órdenes de nuestro superior jerárquico, que es el secretario general de la Administración de Justicia», añade.
«Hay que recordar, también, que el propio Consejo General del Poder Judicial se negó, el pasado 18 de mayo, a fijar unos servicios mínimos», señala.
Lidia Urrea, portavoz de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPLAJ) se expresa en la misma línea: «Los letrados judiciales no estamos para hacer esas funciones. En este caso, el Ministerio de Justicia ha hecho lo que debía, si bien habría sido deseable que las órdenes verbales que se dieron ese día se hubieran producido por escrito».
«Lo que no es de recibo», añade Urrea, «es la amenaza de apertura de expedientes a los letrados judiciales, por parte de algunos presidentes de los TSJ por negarse a informar sobre el desarrollo de la huelga de los jueces y fiscales».
EL CGPJ CRITICA AL MINISTERIO DE JUSTICIA
La Permanente del CGPJ critica, en su comunicado al Ministerio de Justicia.
En concreto, «la actitud, el comportamiento y las instrucciones que hayan podido impartirse desde el Ministerio de Justicia que han obstaculizado el cumplimiento de los acuerdos dictados por este Consejo y, en su ejecución, por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, que se dirigían a recabar información oficial y fidedigna sobre el número de actuaciones judiciales suspendidas con ocasión del paro convocado el día 22 de mayo por las asociaciones judiciales y fiscales».
Instrucciones que el órgano de gobierno de los jueces califican de «inadecuadas en las formas».
Porque, señalan, «desconocen los mandatos legales referidos a las funciones de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia dirigidas a ejercer todos los poderes encaminados al cumplimiento de los deberes por el personal de los órganos judiciales, tal como expresa el artículo 160.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».
A LOS JUECES NO SE LES VAN A DESCONTAR SALARIO POR HACER HUELGA
Abigail Fernández, portavoz del Sindicato Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ), considera que en el centro de la polémica se encuentra el hecho de que el derecho a la huelga de los jueces, el tercer poder del Estado, es algo, como menos, discutible porque no está ni reconocido ni regulado.
«Nosotros no vemos ningún problema para que hagan reivindicaciones laborales, pero lo cierto es que a día de hoy ese derecho de huelga no es un derecho reconocido para los jueces», cuenta Fernández.
«Además, no nos consta que se nombrara ningún comité de huelga, que se establecieran servicios mínimos. En cada Juzgado cada juez hacía huelga, o no, y fijaba sus propios servicios mínimos. La organización adoleció de un patrón, que tenía que haber establecido el Consejo General del Poder Judicial. Y, que yo sepa, tampoco se van a descontar haberes ni a los jueces ni a los fiscales que hicieron huelga. Por eso creemos que fue algo suigéneris», relata.
«El derecho a la huelga es algo muy serio y si se lleva a cabo tiene que hacerse con todas las garantías. Al no haberse fijado servicios mínimos, plantear que otro colectivo diferente al judicial diga qué jueces han hecho huelga y quiénes no y cuántos juicios se han suspendido por esta causa, invocando el artículo 160.11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está, un poco, traído por los pelos», agrega.
En un comunicado hecho público hoy abundan en el asunto, criticando a ambas partes: «la gestión de esta movilización por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia ha sido un auténtico despropósito y roza el esperpento».
El SISEJ, asimismo, es muy crítico con la «costumbre» del secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, de «dar instrucciones verbales».
Este es un problema muy serio que está afectando a muchos letrados judiciales, en muchas situaciones y en muchos ámbitos de la Administración.
Ángel Maraver, presidente de la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AInLAJ), por su parte, coincide con sus compañeros: «No es función de los letrados judiciales apuntar qué jueces hacen huelga y qué jueces no lo hacen. ¿Dónde está escrito que esa sea nuestra función? Una cuestión es el tema procesal y otra el tema gubernativo. No tiene nada que ver lo uno con lo otro».
CATALÁ NIEGA QUE SE HAYAN DADO INSTRUCCIONES
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó de «pasada», la información relativa a la huelga, tras la celebración de la conferencia sectorial que tuvo lugar ayer en el Ministerio. Y negó que su hubieran dado órdenes.
Ya lo hizo el mismo día de la huelga cuando algunas de las asociaciones que convocaron la jornada de paro denunciaron públicamente este hecho.
Sobre la comunicación del CGPJ, el ministro dijo desconocerla, pero aseguró que esperaba que la institución presidida por Carlos Lesmes «dedicara esfuerzos a que no haya conflictos en el sector».
Por último, defendió a los secretarios judiciales. Éstos no pueden informar de aquello «que no saben», indicó.
