La fiscal Dolores Delgado afronta la cartera de Justicia con múltiples frentes abiertos, incluido el de pacificar un sector muy crítico con su antecesor, Rafael Catalá, y con el reto de elegir al nuevo fiscal general del Estado que dirigirá la acusación pública contra los dirigentes del proceso independentista catalán, una de las grandes preocupaciones del nuevo Ejecutivo.
Uno de sus principales retos, por tanto al frente de esta cartera ministerial será la sustitución del actual fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, que cesa con el Gobierno que le nombró y está en funciones hasta que el nuevo Ejecutivo nombre a su sucesor- posiblemente este viernes en el Consejo de Ministro que ya hay anunciado-.
Sánchez Melgar fue nombrado fiscal general el pasado diciembre, tras la muerte de José Manuel Maza, y ha actuado ante los líderes secesionistas con la firmeza que prometió en su primera comparecencia en el Congreso; en manos de su sucesor estará confirmar esa línea, o modularla.
También dependiente del Ministerio de Justicia está la Abogacía del Estado, personada como acusación en varias de las causas abiertas en torno al «procés» y responsable de las impugnaciones y recursos ante el Constitucional.
Tender puentes a jueces y fiscales
Las primeras decisiones de Delgado marcarán así una de los principales conflictos a los que debe enfrentarse el Gobierno socialista, pero su éxito dependerá también de su capacidad de tender puentes con jueces y fiscales.
El pasado 22 de mayo ambos colectivos protagonizaron una huelga conjunta para reclamar mejoras laborales y mayor independencia judicial y desde que triunfó la moción de censura las asociaciones profesionales del sector no se han cansado de recordar al presidente del Gobierno el mensaje que colgó en su cuenta de Twitter.
«Nunca antes todas las asociaciones de jueces y fiscales habían ido a la huelga juntas. Esto demuestra la gravedad de la situación. Exigen mejoras laborales y una justicia del siglo XXI. ¿Habrán tomado ya nota Rajoy y Catalá?» escribía Sánchez Castejón diez días antes de ser investido.
Parte de las reclamaciones laborales podrían verse satisfechas con partidas del proyecto de presupuestos -pendiente de tramitación en el Senado- y en el Congreso hay proyectos que también coinciden con los intereses de las asociaciones, aunque ni el PP y el PSOE mostraron interés en una de sus principales demandas.
Reformar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Los veinte vocales del Consejo deben renovarse en noviembre -diez elegidos por el Congreso y otros diez por el Senado- pero la mayoría de tres quintos exigida obliga a un amplio consenso parlamentario que se augura complicado en el actual panorama político.
Este próximo 4 de agosto el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, tiene que comunicar al parlamento la renovación del órgano de gobierno de los jueces, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sin embargo, vista situación política actual, la citada renovación podría dilatarse.
Ley de enjuiciamiento Criminal
Otro tema pendiente es la propuesta que hizo Rafael Catalá informó de que tenía previsto presentar al Parlamento este otoño la nueva propuesta de Ley de Enjuiciamiento Criminal, “fusión” de la versión que elaboró el gobierno del PSOE en 2011 y de la del PP de 2013, así como un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal.
También está pendiente la reforma del proceso penal para otorgar la dirección de las investigaciones a los fiscales, un cambio pendiente desde la anterior etapa de Gobierno socialista, algo que ella como fiscal también podría impulsar.
Tras su nombramiento, Dolores Delgado pasará también a presidir la Comisión general de codificación, órgano asesor en la preparación de leyes que trabaja dentro de su departamento y cuya sección penal empezó hace pocos días a estudiar posibles cambios en la tipificación de los delitos sexuales tras la polémica sentencia en el caso de La Manada.
